ESTADOS UNIDOS; NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA EN BOLIVIA

ESTADOS UNIDOS; NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA EN BOLIVIA

Este articulo fue publicado en www.derechos.org

1. Víctima y Culpable

Bolivia es acusada insistentemente por los Estados Unidos de ser el principal proveedor de la pasta básica, que después, a través de la conexión colombiana, entra en ese país ya en forma de cocaína. Las presiones, tanto económicas como políticas, se hacen cada vez más insistentes y radícales. Se quiere, ante todo, que Bolivia reduzca sensiblemente su producción de hoja de coca. Pero la solución no es tan sencilla ni tan justa como a algunos políticos y a algunos altos funcionarios de DEA les parece. En el fondo no es más que el reconocimiento de la incapacidad en el propio Estados Unidos para controlar a los poderosos grupos de la mafia organizada.

Un periodista, refiriéndose al tráfico y al abuso que actualmente se hace de la cocaína dice: «Este es un problema netamente norteamericano, por cuanto las mafias principales son manejadas por norteamericanos, los grandes especuladores son norteamericanos; los laboratorios son inventados, manejados y reparados por norteamericanos; los consumidores son norteamericanos... » Lo cierto es que todo gira alrededor del crecimiento geométrico, tanto del consumo como de los precios, que la cocaína ha tenido en ese país. Las diferencias exorbitantes que existen entre el precio de la hoja de coca en Bolivia y el de la cocaína en los Estados Unidos hacen que el tráfico, la corrupción y la violencia adquieran proporciones espantosas. Un número, cada vez mayor, de norteamericanos manifiestan como causa primaria del consumo de drogas el «stress» o sobrecarga emocional psíquico-patológica producto de las tensiones que crea la sociedad de consumo. Es un problema no inducido desde afuera, sino subproducto de las sociedades superdesarrolladas. Es bien sabido, por otro lado, cuánto se propagó el uso de la droga (y muy especialmente la cocaína) entre los soldados norteamericanos que participaron en la guerra de Vietnam. La corrupción y la organización de las mafias narcotraficantes en Bolivia no son más que una mala copia de las que existen en los Estados Unidos.

Sería imposible el internar al mercado norteamericano cantidades tan grandes de drogas sin la colaboración directa y total de las mafias norteamericanas y sin la complicidad de los agentes encargados de la represión del tráfico de las drogas.

En la ardua discusión que se ha entablado entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, Washington no quiere reconocer responsabilidad ninguna de este aspecto. Ellos creen que países como Perú, o Colombia o Bolivia están envenenando su sociedad.

El conocido periodista Jack Anderson publicó, hace unos meses, informaciones según las cuales existía en el propio Congreso de los Estados Unidos tráfico y uso de drogas. En las investigaciones que hizo la FBI en torno a este asunto pudo comprobar que estaban implicados seis miembros de la Cámara de Representantes, un senador y dos ex diputados.

En Los Angeles y en otras ciudades de los Estados Unidos se venden libremente equipos denominados «keep cocaine», que sirven para medir el grado de pureza de la droga.

Algunas ciudades de los Estados Unidos y muy especialmente Miami viven dentro de un clima de violencia desatado entre las distintas mafias.

El vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, que preside la Comisión Especial creada por el gobierno de Reagan para combatir el crimen, ha señalado que el Sur de Florida se ha convertido en el lugar donde más ha aumentado la delincuencia. Para tratar de atajar esta marea de delitos el año 1981 se decidió aumentar el número de efectivos policiales. Se enviaron a la región 130 nuevos agentes de aduana, 43 nuevos agentes del FBI y 20 expertos del Departamento del Tesoro. También se han enviado a esta zona los supermodernos aviones AWACS.

El vicepresidente Bush decía: «Quiero destacar este punto lo más que pueda: Nuestras investigaciones van a ser tan intensas con los banqueros y con los comerciantes que logran ganancias con la delincuencia, como lo hacemos con los asesinos y otros delincuentes.» («USICA» número 59, 17-11-82).

El porcentaje de homicidios en el Distrito de Dale (incluida la ciudad de Miami) fue un 61 % más elevado el año 1980 que lo que había sido el año 1979.

Según el Procurador General del Estado de Florida, Jim Smith, el tráfico de drogas es el comercio minorista más grande de este Estado. El tráfico de drogas en los Estados Unidos, qué según DEA sobrepasa en su valor de reventa los 50.000 millones de dólares (entre cocaína y marihuana) va acompañado de violencia y corrupción. Esta afecta aun a los propios organismos de Seguridad. Actualmente 20 policías y funcionarios públicos de Cayo Hueso están siendo interrogados por implicaciones en el tráfico de drogas. El Comandante de Marina, con base en Marathon, ha sido acusado de aceptar 50.000 dólares por dejar pasar un cargamento. En el distrito de Dade, 15 policías y detectives han sido suspendidos o cambiados de puesto por aceptar favores -incluso cocaína- de los traficantes de drogas.

El jefe regional de DEA dice: «La corrupción es uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos.» Y esa corrupción no se limita a los empleados públicos. Los representantes de DEA dicen estar enterados de que algunos Bancos de Miami han recibido gratificaciones de hasta 500.000 dólares por remesa, para después transferirlas, falsificando los depósitos, hasta Bancos del exterior. En 1980 los agentes de DEA siguieron la pista de 2.000 millones de dólares que eran producto de la venta de cocaína y marihuana, destinados a los Bancos de Miami hasta llegar a cuentas de Bancos extranjeros. Se comprobó que 31 de los 250 Bancos de Miami daban servicio a 1.300 cuentas sospechosas, muchas de ellas abiertas bajo nombres falsos. Cinco Bancos eran propiedad de los narcotraficantes. Sin embargo, muchas de las inversiones que se hacen en Miami se deben al narcotráfico. En el primer semestre de 1980 los narcotraficantes habían invertido 192 millones de dólares en el Sur de Florida.

De todas las drogas que ingresan a Estados Unidos, la cocaína es, con mucho, la que deja mayores ganancias. Algunos investigadores calculan que son más de 20 millones de norteamericanos los que consumen cocaína con regularidad. Según las encuestas realizadas por el Instituto Nacional para el Estudio de Abusos de las Drogas, cerca del 28% de los adultos jóvenes (de 18 a 25 años) informaron que habían usado cocaína. Esta encuesta fue realizada en 1979. En cambio, la misma encuesta realizada dos años antes, en 1977, dio sólo un 19% de adultos jóvenes que habían usado la cocaína.

El consumo de la cocaína en los Estados Unidos crece en forma incontrolada. Algunos hablan de un crecimiento en proporciones de un 20% anual. La cocaína, hasta hace poco tiempo droga de las clases adineradas y símbolo de prestigio social, actualmente se ha extendido a todas las clases sociales, sobre todo entre estudiantes y profesionales jóvenes. Pero el crimen crece también en proporciones aún mayores. En el año 1980 se cometieron en el Distrito de Dale 135 asesinatos relacionados con la droga y la mayoría de ellos tenían relación con el tráfico de la cocaína que es la que mueve intereses más altos. («Selecciones Reader's Digest». «Miami: Drogas y Crimen». Mayo, 1980.)

El tráfico de droga en los Estados Unidos ha alcanzado proporciones enormes: Los embargos de cocaína en el sudeste de Norteamérica durante el año 1978 duplicaron el total de los de 1977. En la zona de Miami, sólo las cifras del tráfico de marihuana y cocaína en 1978 alcanzaron la cifra de 7.000 millones de dólares, cantidad muy superior a la derivada del turismo, con lo que el tráfico de drogas se convierte en la principal industria de la ciudad. Con 260 pistas de aterrizaje y más de 1.500 kilómetros de costa, Florida ha sido siempre uno de los lugares favoritos de los contrabandistas y de los narcotraficantes. Por el sur de este Estado entra del 60 al 80% de todo el tráfico de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Los sitios de aterrizaje son, por lo general, aislados trechos de playa o caminos desiertos. Los contrabandistas conocen a menudo las frecuencias de radio que usan la DEA y la Aduana y así logran eludir a las fuerzas empleadas contra ellos.

Según ciertos cálculos del gobierno, 160 barcos costeros van y vienen desde Colombia tocando puntos secretos de reunión en aguas internacionales cerca de Florida, justo donde terminan las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos. Allí estos barcos trasladan sus cargamentos a embarcaciones pequeñas y de alta velocidad que transportan la droga hasta la costa.

Si los riesgos de los narcotraficantes son pequeños, también lo son las penas que les imponen. En el sur de Florida, las condenas aplicadas en casos graves de narcotráfico son un 20% menores que el promedio nacional. Muchos contrabandistas extranjeros obtienen la libertad bajo fianza y logran escapar. Tal sucedió con Alfredo Gutiérrez, a pesar de que su fianza era de un millón de dólares.

Miles de millones de dólares en utilidades obtenidas por narcotráfico se transfieren de cuentas de Miami a Bancos de las Bahamas, de Panamá o de Suiza. Gran parte, sin embargo, se invierte en Estados Unidos. Un importante narcotraficante descubierto por DEA tenía en propiedad 30 negocios en Miami.

La corrupción ha infectado a un amplio sector de la población de Miami. Los dueños de las mansiones de la costa alquilan sus muelles a los narcotraficantes por sumas de hasta 100.000 dólares por cargamento. Algunos directivos de los Bancos aceptan sobornos del 2 % en grandes depósitos en efectivo, a cambio de falsificar informes de transferencias económicas internacionales.

La DEA tiene un archivo con informes de 300 pilotos, sólo del sur de Florida, que han hecho viajes a la Guajira. Con ganancias de hasta 40.000 dólares por viaje, los pilotos están dispuestos a correr tremendos riesgos. Con frecuencia cargan hasta tal grado los aviones que les es difícil despegar. Esto explica la elevada cantidad de accidentes. («Selecciones del Reader's Digest»: «Narcotráfico en América: Itinerario siniestro», V-79.) Los norteamericanos consumen entre doce y veinte toneladas de cocaína por semana. Ha llegado a tener tanta aceptación la cocaína en ese país que un psiquiatra de la Casa Blanca admitió que recetaba cocaína a los más cercanos colaboradores del Presidente de los Estados Unidos para que aliviaran su tensión en las horas de crisis.

En el Estado de Massachusetts existe ya un precedente judicial que impide a los policías detener a nadie por posesión de cocaína.

Los norteamericanos han inventado su propio estilo para consumir la cocaína. Si en otros países se empleaba simplemente el hueco de la mano para su inhalación, en Estados Unidos se inventó el cristal oscuro y el sorbete nasal, aparte de los más sofisticados instrumentos para colocar la cantidad deseada en el centro mismo de la pituitaria. Todo ello se puede encontrar muy fácilmente, ya que se hace propaganda abierta en las revistas y en los periódicos. Así, por ejemplo, en la «Alpine Creations» de Miami se ofrece por ocho dólares la «flauta mágica» que controla la cantidad inhalada e impide la exageración y el desperdicio. Ha proliferado en todo Estados Unidos la venta de balanzas de precisión, lupas para examinar el brillo de los «cristales», coladores microscópicos, e instrumental muy delicado para analizar la pureza de la cocaína antes de comprarla. El más popular de estos instrumentos es la «Hot Box», del que una empresa en la ciudad de Santa Bárbara ha vendido medio millón al precio de 179 dólares. Su funcionamiento es sencillísimo: el clorhidrato de cocaína se sublima a relativamente baja temperatura, por ejemplo en las zonas más calientes del cuerpo humano. La «Hot Box» consiste en un termostato y una pequeña placa donde se coloca la cocaína. Si desaparece entre 38 y 39 grados centígrados, la cocaína es pura. Si queda intacta, es una falsificación.

La revista «Life» catalogó como uno de los objetos característicos de la última década en Estados Unidos el «Cocaine kit», un estuche con espejo, navajita para «peinar» la cocaína, inhalador y cristal para extenderla en montoncitos muy precisos. Se lo puede adquirir aun por correo postal.

La civilización del ocio y de la angustia lleva, en los países superdesarrollados, a muchas personas hacia las ilusorias soluciones que ofrece la cocaína.

2. ¿Quien Corrompe a Quien?

En el mes de marzo de 1982 el embajador norteamericano en Bolivia, Edwin Corr (un hombre profesionalmente vinculado a la DEA) viajó hasta la zona del Chapare (Departamento de Cochabamba), donde existe una alta producción de hoja de coca.

Los campesinos de la región se acercaron a dialogar con el embajador para exponerle sus puntos de vista. La charla fue cordial, pero los criterios permanecieron irreconciliables. En los hechos la posición del embajador Corr expresaba los intereses de la nación más poderosa del mundo y con el consumo más elevado de cocaína, en cambio, los campesinos eran la expresión de su propia pobreza y de la dependencia de su país. Los campesinos insistían en la necesidad del desarrollo agroindustrial de la zona, así como en la creación de nuevas fuentes de trabajo para que ellos fueran disminuyendo paulatinamente la producción de la coca. Pero el embajador no estaba dispuesto a soltar prenda. Cuando insistían, por ejemplo, en la urgente necesidad de que fuera electrificada la región, el embajador, encerrado en sus propias ideas, contestaba: «La electricidad servirá para que los narcotraficantes trabajen también de noche...»

El gobierno de los Estados Unidos insiste en que el medio más efectivo, más barato y más lógico para acabar internacionalmente con el narcotráfico es el de la erradicación de las plantaciones de coca. Sin embargo, son muchos los argumentos que los campesinos andinos pueden esgrimir en contra de tan drástica medida.

La producción de la coca data de mucho tiempo atrás, siglos antes de que se descubriese la cocaína y sus efectos euforizantes. Por otro lado, según los estudios más serios sobre la materia, la masticación de la coca produce efectos positivos y suple las deficiencias alimenticias de los indígenas quechuas y aymaras, dándoles renovada energía en su trabajo. La coca está relacionada con todo su mundo social y religioso, constituyendo un componente básico de su cultura.

La plantación de la coca, así como su comercialización, es algo legal, tanto en Bolivia como en Perú. Los ingresos que esa comercialización legal de la coca aporta al erario público son muy altos.

La profunda postración económica en la que ha vivido siempre el campesinado indígena andino se ha visto aliviada, en parte, gracias al mejoramiento progresivo del precio de la hoja de coca, pero es precisamente en estos momentos cuando, por presiones del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades bolivianas comienzan a exigir la limitación y hasta la erradicación de las plantaciones de coca. Los distintos proyectos elaborados para la suplantación de la coca por otros cultivos, como es el cacao o el café, no convencen a los campesinos. Y tienen sus razones para ello. La planta de coca es original de estas regiones y, por lo tanto, perfectamente adaptada a sus condiciones climáticas y orográficas. La hoja de coca se da tres y hasta cuatro veces al año; por lo tanto, el trabajo que implica y sus ingresos están bien repartidos. Las plantas tienen un promedio de vida entre 15 y 20 años. El comercio es seguro y perfectamente organizado. La práctica de los campesinos y sus conocimientos con respecto al cuidado, recolección, selección y comercialización de la hoja son muy completos. Toda la familia puede trabajar por igual en la recolección. Las enfermedades de la planta son pocas y fáciles de controlar. Los rendimientos son superiores al de cualquier otra producción. El humilde campesino que produce la hoja se limita, por lo general, a venderla en el mercado, sin tener parte alguna en la elaboración de la cocaína y menos en el narcotráfico. Por lo tanto, ¿por qué razón se le va a exigir a él que deje de producir la hoja de coca...?

Pero el gobierno de los Estados Unidos y sus emisarios en Bolivia no parecen dispuestos a revisar sus criterios. El Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, bajo la continua presión de los Estados Unidos, ha declarado al año 1982 como «el año de la sustitución de la coca».

Con este motivo llegó a Bolivia el 7 de marzo de este mismo año el señor Dominick Di Carlo, Secretario Adjunto del Departamento de Estado para el Control del Narcotráfico. «El tema único para abordar es el reemplazo de la coca.» Así lo comunicó la embajada norteamericana en Bolivia.

En realidad, desde que el General Torrelio asumió la Presidencia de la República en septiembre de 1981 ya la Drug Enforcement Administration (DEA) se hizo cargo del asesoramiento y la supervisión de la institución oficial encargada en Bolivia del control del narcotráfico.

En fecha 11 de marzo de 1982 el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico presenta al señor Di Carlo un plan de destrucción sistemática de los cocales. Dice así:

«En lo que respecta a los cocales clandestinos que son todos los situados fuera de los Departamentos de La Paz y Cochabamba, las acciones que ha previsto realizar el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico se sujetarán al cronograma siguiente:

Entre el 10 de marzo y el 30 de abril, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Ley 18714 y siempre que esté disponible el herbicida adecuado, se procederá a la destrucción de los cocales ubicados en la región de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz.

Hasta el 15 de mayo se ubicarán y se destruirán otros cocales ilegales ubicados en el Departamento de Santa Cruz.

Hasta el 30 de junio se ubicarán y se destruirán otros cocales ilegales ubicados en el Departamento del Beni.

Entre el 30 de junio y el 31 de diciembre se procederá al descubrimiento y destrucción sistemáticos de todos los cocales ilegales ubicados en los Departamentos de Santa Cruz y del Beni.

Asumimos que el 50 % de los costos totales de esta labor de detección y destrucción de los cultivos ilegales de coca será cubierta por el gobierno norteamericano. Si así no fuera, dada la escasez de recursos del Consejo y la crisis económico-financiera que confronta el país, el cronograma expuesto sufriría recortes y retrasos considerables.» («Presencia». Solicitada 11-III-82.)

Con esas medidas, el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico piensa que, para fines del año 1983 la producción de hoja de coca en el Chapare se habría reducido en un 30 % en la superficie cultivada. Es decir, unas 4.000 hectáreas menos. Para el año 1984 se habría disminuido la extensión de los cocales en otras 3.000 hectáreas.

Sin embargo, existen profundas divergencias al respecto entre las autoridades bolivianas y los representantes de los Estados Unidos para el control de las plantaciones. El principal punto de fricción radica en la diversidad de opiniones con respecto a la extensión y a la producción actual de los cocales. Según los datos aportados por las autoridades bolivianas en el año 1971 la producción de coca del Chapare era de 2.666 toneladas métricas y en el año 1980 ha alcanzado las 24.146 toneladas métricas, siendo la extensión cultivada en el año 1971 de poco más de 3.000 hectáreas y en el año 1980 de 12.370 hectáreas. Pero la delegación norteamericana presenta otros datos muy distintos, basados en la información «vía satélite». Según las cifras contenidas en el estudio elaborado por la Earth Satellite Corporation y publicado en abril de 1981, el área de cultivo de coca del Chapare en 1980 fue de 27.500 hectáreas con una producción de unas 50.000 toneladas métricas. Ese mismo estudio proyectó una producción de 64.000 toneladas métricas en el Chapare para 1981 y de 82.000 para 1982.

Como se puede apreciar, las diferencias, tanto en los datos de la extensión de los cocales como en los de producción de coca, son enormes. El Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia ha rechazado, como totalmente inexactas, las cifras aportadas por la delegación norteamericana que se basan en los datos proporcionados por el satélite Landsat, ya que esos datos están proporcionados a una escala de 1:100.000 y no han sido comprobados después sobre el terreno.

Sin embargo, y a pesar de tener criterios tan dispares, el 23 de abril de 1982, el Ejército y la Policía se movilizan para poner en ejecución el plan norteamericano de erradicación de la coca.

3. La Erradicacion de la Coca: Solucion Imposible

El gran operativo para la erradicación de la coca comenzó el 23 de abril de 1982, en el que participaron cinco compañías del Ejército con el apoyo de la Fuerza Aérea y la policía de narcóticos. La acción se desarrolló simultáneamente en el área de influencia del río Ichilo y en la región de Puerto Grether, abarcando una extensión de 1.100 kilómetros cuadrados. Participaron en ella efectivos de la Séptima y la Octava División, así como el Regimiento Ránger «Manchego».

Se encontraron 283 pozos de maceración de coca y fueron destruidas 30 fábricas de cocaína. En la región de Yapavaní y de Puerto Grether causó gran preocupación la constatación de que se estaban usando herbicidas para matar las plantas. Según las primeras denuncias de algunos periodistas, se trataba del herbicida «2-4ST» que Estados Unidos utilizó en la guerra del Vietnam para destruir las selvas, y denominado popularmente como «Agente Naranja». Algunos funcionarios de narcóticos insistieron en que se trataba del herbicida conocido como «2-4-D».

Sin embargo, en los letreros que los funcionarios de narcóticos pusieron en las zonas afectadas por el herbicida se podía leer esta advertencia: «Este cocal ha sido extinguido mediante la aplicación de herbicidas. Se recomienda no aproximarse y menos tomar contacto con los residuos durante 40 días.» Esta advertencia parece insinuar que el herbicida usado ¡es bastante más nocivo que el «2-4-D»!

En el comunicado oficial que en fecha 26 de abril emitió el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, después de afirmar que se está usando el herbicida 2-4-1) «con el fin de evaluar su costo y eficacia en comparación con la destrucción manual»... se dice que «el suelo quedará afectado por espacio de cuatro a ocho semanas». Esta afirmación es avalada por el científico norteamericano Fred Tachirley. Lo que hace suponer que las autoridades bolivianas no conocen con exactitud ni la calidad real del herbicida que se está usando, ni cuáles son sus efectos sobre los terrenos, sobre los animales y sobre las personas.

El Instituto Nacional de Colonización, pocos días después, advirtió sobre el grave peligro que entraña la destrucción de las plantaciones de coca con herbicidas tóxicos.

En una reunión con la prensa, los representantes de este organismo oficial, encabezados por su Director Ejecutivo, refiriéndose a la campaña iniciada en algunas regiones del país para la eliminación de las plantaciones de coca por medio de herbicidas tóxicos, indicaron que ello destruiría la tierra totalmente por varios años, ya que desaparecerá la materia orgánica, los nutrientes químicos y microorganismos que nitrogenan la tierra. El uso de estos herbicidas tóxicos convertirá estas zonas en verdaderos eriales que sólo podrán ser rehabilitados con el trasplante de «humus» desde otras regiones no afectadas lo que implicaría millones de toneladas métricas.

Los técnicos del Instituto Nacional de Colonización indicaron, además, que incluso los plagicidas de uso muy común en la agricultura tienen graves consecuencias sobre la tierra, a pesar de que su toxicidad es mucho menor que la que tienen los que se están utilizando para erradicar la planta de coca. Por lo demás, afirmó el ingeniero Hernán Mufloz Durán, «en el caso de tener que usar herbicidas tóxicos, corresponderla al Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria realizar las investigaciones del caso y superar los posibles desajustes que se puedan producir con los campesinos que trabajan esas tierras». También manifestó que en la zona del Chapare no se han hecho estudios de suelos para que los campesinos puedan diversificar su producción agrícola en sustitución de la coca. («Presencia», 28-IV-82.)

Pero el Coronel Raúl González Ferry, Director Nacional del Consejo para la Lucha contra el Narcotráfico, se mostraba mucho más optimista al respecto. En declaraciones formuladas a la prensa, el día 29 de abril de ese mismo año, decía: «El Consejo garantiza que las tierras donde se están utilizando herbicidas para destruir plantas de coca, no sufrirán alteraciones de ninguna clase, puesto que el producto '2-4-D' ha sido probado científicamente. La Embajada de los Estados Unidos garantiza que no hay peligro si se lo maneja dentro de los consejos que dio el científico Fred H. Tachirley, quien llegó a Bolivia expresamente para asesorar en el uso de herbicidas.» («Presencia», 29-IV-82.) Pocos días más tarde los campesinos de la zona de Yapacaní, cuyos locales habían sido totalmente exterminados, presentaban pruebas fehacientes de que sus plantaciones eran legales, ya que contaban con la autorización respectiva del Departamento de Registros y la propia Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas había autorizado esas plantaciones cobrando anualmente 2.000 pesos por cada parcela de 20 metros por 100. Los campesinos expresaban: «Estamos desorientados y terriblemente afectados porque la hoja de coca era nuestra principal fuente de ingresos. No lo hubiéramos hecho si hubiera sido ilegal; el hecho de contar con autorización oficial nos da derecho a reclamar ante el gobierno y ante DEA, que dirigió estas operaciones de destrucción de los cocales. Queremos que se nos indemnice por las pérdidas y que se nos ofrezca un programa efectivo para continuar viviendo de la agricultura.» («Presencia», 4-V-82.)

El mismo día 4 de mayo se publicaba en la prensa del país un comunicado titulado: «El Gobierno del Presidente Torrelio y el Narcotráfico.» Dice este importante documento: «Desde la Presidencia de la República, el tristemente célebre 'Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico' lanza sus comunicados pagados y permite que el herbicida '2-4-D' (Dichlorophenoxyacetic acid) se utilice en la zona de Yapacaní. El científico americano Fred Tachierley dice que dicho veneno es inofensivo, sabiendo perfectamente que no lo es. Le pedimos que lea el mejor libro americano de farmacología e insecticidas, 'The Fharmacological Basis of Therapeutics, de Goodman y Gilman, en el que dicen claramente: 'El 2-4-D con sus sales y ésteres son los herbicidas más familiares y potentes, que matan las plantas y arbustos provocando el crecimiento de hormonas; los animales expuestos a estos venenos mueren en forma instantánea y masiva de fibrilación ventricular. Los que no mueren instantáneamente, por haber sido expuestos a menor cantidad de herbicidas presentan rigidez en sus extremidades, entran en parálisis, caen en coma y mueren lentamente. En el hombre, además de lo anteriormente expuesto, pueden presentarse severas dermatitis de contacto, cambios irreversibles en el hígado y en los órganos reproductivos.'» («The Farmacological Basis of Therapeutics», Goodman y Giman. Mac Millan Publishing Co.N.York. p. 1.653, cita solicitada. «Presencia», 5-V-82.)

En el simposio sobre «Ecología y Recursos Naturales», realizado en la ciudad de Cochabamba, llegó a establecerse que el uso del «2-4-D» es totalmente ilegal en Bolivia ya que, según el Decreto-Ley número 10283 de fecha 30 de mayo de 1980, se prohibe la importación de insecticidas clorados, debido que afectan a la persona humana por ingestión oral, entre los cuales está comprendido el «2-4-D» cuya fórmula química es Cl-Cl-Och₂-COOH.

Pero hay más: Según los participantes a ese simposio «la Ley de asistencia extranjera de los Estados Unidos prohíbe a las autoridades de la Dirección General de Estupefacientes de ese país exportar, e incluso aconsejar, a los gobiernos extranjeros el uso de herbicidas.

Tanto el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, como las organizaciones sindicales campesinas y hasta representantes de la Iglesia, se opusieron al uso del herbicida. Los campesinos exigían que se actúe «con justicia y honestidad en todo este problema, pues si el narcotráfico está creciendo esto se debe a aquellos que se han desplazado hasta el Beni y que producen grandes cantidades de cocaína y de esto está bien informado el gobierno... Ellos saben dónde están los grandes. ¿Por qué solamente los pequeños están siendo atacados...?» (Federación Especial de Campesinos del Norte. «Presencia», 4-V-82.)

También la Academia de Ciencias de Bolivia toma parte en la discusión y, por medio de una carta al Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, señala: «Preocupa a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia los posibles efectos, por ahora no bien conocidos y estudiados, de estos productos químicos que se están aplicando y, en especial, aquellos fenómenos que producirán, a corto o largo plazo, sobre la ecología de las regiones contaminadas.» («Presencia», 7-V-82.)

La Federación Sindical de Campesinos, consciente de las presiones internacionales a las que se ve sometido el gobierno de Bolivia, dice en un comunicado público: «Solicitamos al Gobierno el que se investigue las actividades desplegadas por algunos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en calidad de agentes de represión, que es totalmente ajena a las funciones diplomáticas. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que si desea la destrucción o el control de la producción de la coca, pague el valor correspondiente de los ingresos que significa para un país subdesarrollado este producto, cancelando por hectárea 100.000 dólares Us.» («Los Tiempos», 7-V-82.)

4. ¿Hacia la Legalizacion de la Cocaina?

La solución a los problemas sanitarios y delictivos que crea la droga no es claro que se pueda alcanzar por la vía de extremar el rigor de la ley. La despenalización de la droga en cierto grado podría implicar un acercamiento más coherente y eficaz al problema.

En muchos países se ha despenalizado el consumo y, en cuanto a el tráfico, se hace una clara distinción entre drogas duras y drogas blandas. Se trata entonces de distinguir, en primer lugar, entre el toxicómano y el traficante mafioso que ha elegido esta actividad para enriquecerse a costa de la salud, e incluso, la vida de sus semejantes. El narcotraficante es tratado, en casi todas las legislaciones, como lo que realmente es: un vulgar delincuente.

Aunque muchos penalistas y médicos son partidarios de la despenalización total de la droga blanda (hachís, marihuana, cocaína...) surge el inconveniente de que su consumo «se dispare» hasta proporciones que son inadmisibles desde todo punto de vista. Porque no se penalice un comportamiento esto no quiere decir que se favorezca su difusión. Hay que reconocer que el abuso, aun de las drogas más blandas, es perjudicial, por más que su nocividad no sea penalizada por la ley. La coacción penal es útil para conseguir algunas cosas, pero ha sido totalmente ineficaz para controlar el tráfico y el consumo de estupefacientes. Aún se podría afirmar que ha sido contraproducente, ya que ha generado nuevos tipos de delincuencia. Año tras año van aumentando los consumidores de drogas. Estamos en una situación muy parecida a la que se generó en Estados Unidos por la llamada «Ley Seca».

El año 1919 se dictó en los Estados Unidos la «Volsteacd Act» prohibiendo el comercio y el uso de todas las bebidas alcohólicas. A raíz de esta ley se creó una verdadera mafia, generando una pavorosa corrupción en la policía. Después de varios años se llegó a constatar que había aumentado el consumo de bebidas alcohólicas en la juventud. La prohibición genera un mercado negro ilegal basado en la brutal diferencia de precios, tanto al por mayor como al por menor. Como en el caso de la «Ley Seca», el contrabando de drogas está generando delincuencia que, por la propia dinámica económica, tiende a constituirse en grandes monopolios capaces de desafiar a las personas y a las instituciones que traten de oponérseles, así como a los propios organismos del Estado. Estos monopolios tienen poder también para contener la oferta, haciendo subir los precios a su voluntad. Como, por otro lado, todo acuerdo que se haga entre las distintas mafias y los compradores, caso de no ser cumplidos, no pueden alegarse ante los tribunales, éstas se ven impulsadas a recurrir a la violencia como medio para imponer el cumplimiento de lo acordado. De este modo, la prohibición genera no sólo delincuencia, sino «delincuencia organizada» y tremendamente violenta. Una delincuencia, que, además, se desarrolla en espiral en la medida en que crecen constantemente los intereses económicos. Es muy difícil saber cuáles serían las restricciones ideales con respecto a las drogas y muy especialmente con respecto a uso de la cocaína, si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelve la vida actualmente. Muchos de los sufrimientos que se padecen en nuestra sociedad no tienen relación con agentes patógenos específicos, sino que son generados por causas mucho más generales. Gran parte de nuestra sociedad padece de «stress» físico o psicológico, de fatiga, de depresión, de dolor de cabeza, dolor de espalda, ansiedad... frente a los cuales no se encuentra remedio eficaz en la farmacopea tradicional. Todo esto hace pensar que la gente se vaya inclinando, cada vez más, a uso de las drogas y, muy especialmente hacia la cocaína, como solución, siquiera pasajera, a sus males. Por otro lado, no hay mucha diferencia entre el médico que receta un valium como sedante y la del profano que decide, por sí mismo, fumarse un cigarrillo de marihuana o una dosis de cocaína.

Sin duda que no se pretende con esto una liberación total que podría traer otros males, pero lo cierto es que no se resuelve el problema optando por un endurecimiento excesivo de la ley. Y menos todavía hacia una droga que, como la cocaína, ha cumplido una función positiva hacia muchas personas. Hay que insistir en que el problema principal que crea su ilegalidad es el que nutre un «mercado negro» que genera fabulosas ganancias, mafias poderosas y una espantosa secuela de crímenes.

Es, justamente, el aspecto de la criminalidad y la violencia lo más negativo y condenable de las drogas. Pero esto está más relacionado con su ilegalidad que con su contenido euforizante.

Con respecto a la cocaína cabe hacer, en primer lugar, una distinción que por obvia no deja de ser muy importante: la diferenciación fundamental entre coca y cocaína. Fuera de las distancias que separan contextos culturales profundamente distintos, el «coqueo» es algo legal y tradicionalmente aceptado. Aunque ha sido duramente criticado por personas e instituciones que lo han hecho desde contextos culturales muy diferenciados, cada día son más los científicos que ven la costumbre de «mascar coca» como algo fisiológicamente muy positivo. Nadie, por otro lado, ha podido constatar que «el coqueo» sea responsable de crímenes, actos violentos, o de pérdida del autocontrol. Algunos, eso sí, han relacionado el «coqueo» con la subalimentación del indígena altiplánico, como si aquella fuera la causante de la mala alimentación del indio. Habría que analizar más detenidamente «si no comen porque mascan coca o mascan coca porque no tiene qué comer». Parecería más bien que es la falta de alimentos la que induce a mascar más coca.

Entre los efectos negativos de la cocaína el más grave, sin duda, es el que ha generado toda una ola de criminalidad y violencia. Aunque no se dé una relación directa e intrínseca entre cocaína y violencia, es esto lo que ha justificado las medidas legales para restringir, no sólo el tráfico, sino también su uso moderado en muchas legislaciones.

Con respecto a la criminalidad o violencia que puede generar el uso mismo de la droga no existen estadísticas que nos puedan llevar a una conclusión definitiva.

Es cierto que muchas veces se ha hecho referencia a la cocaína como generadora de violencia. Sin embargo, siempre ha habido una gran dosis de sensacionalismo y de prejuicios en ello. El miedo al «toxicómano violento» fue el argumento más usado para legitimar la prohibición de muchas drogas.

El uso de la cocaína puede comportar un cierto peligro de violencia al ser un estimulante del sistema nervioso que aumenta al confianza en sí mismo y disminuye las inhibiciones. Si alguien es de temperamento violento o tiene tendencia a encolerizarse, el uso de la cocaína puede actualizar esa tendencia o agravarla, ya que incita más a la acción que a la reflexión. Se han cometido crímenes por adictos a la cocaína, pero han sido personas que tenían marcadas tendencias criminales. Es posible, sin embargo, que el uso de la droga excitase esas tendencias.

Un estimulante del sistema nervioso como es la cocaína puede dar al consumidor la voluntad necesaria para el cumplimiento de cualquier acto que necesita, ante todo, seguridad en sí mismo, ya sea un discurso, un presentarse en escena o un robo... El alcohol da un valor parecido, pero el sujeto que ha bebido no conserva el control de sí mismo a nivel psicomotor e intelectual. En cambio la cocaína da coraje y no quita, en lo más mínimo, el dominio pleno de las propias facultades. Esta, sin duda, es la razón para que tantos artistas del cine y del teatro hayan sido adictos a la cocaína. Si se compara la cocaína con el opio también se encuentran grandes diferencias: mientras el opio y la heroína dejan al consumidor insensible ante el dolor o al deseo de cualquier cosa, la cocaína reafirma en el consumidor su propia voluntad y le puede inducir a realizar actividades hasta el límite mismo de la propia capacidad. Si los consumidores de heroína o de morfina tienden a verse como monjes budistas que alcanzan el nirvana, el adicto a la cocaína se parece más al «superhombre» de Nietzsche que realiza su voluntad de poder. Pero no es evidente que de esa seguridad egocéntrica se pase a la violencia física como tal.

En un estudio de DEA realizado entre presos toxicómanos que habían cometido crímenes, eran mucho más numerosos los que habían tomado otras drogas que no cocaína. El expediente de crímenes contra personas es mucho menos voluminoso que el de otras drogas. («Drug Usage and Arrest Charges», 1971.)

Es la ilegalidad de la cocaína la que ha dado lugar a numerosos crímenes y actos de violencia. Esa ilegalidad, instrumentalizada por la alta oficialidad militar de Bolivia es la que ha generado los más grandes negociados y la más inhumana violencia. Contrabando, asesinatos, corrupción, tráfico de armas, compras de conciencias, complot, asaltos, golpes de Estado..., acompañan al tráfico de la cocaína. Una decena de «familias» relacionadas con el tráfico de la droga han convertido a Miami y a otras ciudades de Estados Unidos en sangrientos campos de batalla. Igual se puede decir de las ciudades colombianas como Medellín, Bogotá, Cali o Leticia. En Bolivia cada vez se hace más violenta la lucha entre las distintas mafias por llegar al control total del narcotráfico. Esta lucha se ve aún más agravada por la presencia de los paramilitares y por la impunidad con la que pueden actuar los grandes traficantes amparados por la protección oficial.

Epilogo

El análisis de los nexos que imbrican al narcotráfico con el poder político en Bolivia nos ha llevado a formular algunas conclusiones que se desprenden lógicamente de él.

La primera y más elemental de las conclusiones es la de dejar claramente establecida la distinción entre coca y cocaína. Gran parte de la polémica que aún rodea al consumo de la hoja de coca por parte de las grandes mayorías de aymaras y quechuas de Bolivia tiene que ver con los prejuicios y el desprecio colonialista con que el «hombre blanco» ha mirado desde siempre el fenómeno del coqueo. El «colonialista» (sea europeo, norteamericano o, incluso, boliviano) denigra y ataca lo que no conoce, lo que está fuera del radio de sus valores culturales. Debe quedar, pues, bien claro que los habitantes autóctonos de lo que hoy es Bolivia, que han cultivado cocales y han practicado el coqueo desde antes de la invasión del colonialismo español, no son responsables del uso y abuso que nuestra sociedad haga de la cocaína y, por lo tanto, no son responsables del tráfico de la misma. Pretender ver en la erradicación de los cocales la solución al tráfico de la cocaína es, pues, algo no sólo injusto, sino también totalmente equivocado.

Por otra parte, no es nada claro que los graves problemas delictivos y sanitarios que generan el narcotráfico y el uso incontrolado de la droga vayan a encontrar remedio en un mayor rigor de la ley y en una mayor represión. Habría que ver si, al contrario, una despenalización de las drogas consideradas como «blandas» no significaría una aproximación más realista, fecunda y eficaz al problema. Es verdad que una despenalización total podría provocar que el consumo «se dispare», causando estragos en la salud. Pero también es cierto que la penalización legal,bien es útil en algunos aspectos, ha resultado ser completamente incapaz de controlar el tráfico y el consumo de la droga. Lo que si parece indudable es que la violencia y la criminalidad, que suelen acompañar con frecuencia al uso de la cocaína, tienen mucho más que ver con su ilegalidad que con su contenido euforizante.

El uso y el abuso de prácticamente todas las drogas conocidas, y muy especialmente de la cocaína, es un problema esencialmente norteamericano. Estados Unidos es, de lejos, el mercado de drogas más poderoso del mundo; su existencia se debe no sólo al elevado nivel de ingresos y de consumo que han alcanzado sus habitantes en promedio, sino también al tipo de sociedad que allí se ha creado. Este tipo de sociedad genera no sólo tensiones y angustias, que buscan alivio en el consumo de las drogas, sino también un afán y ansiedad desmedida de lucro. Mucho se ha insistido en el superpoder de las mafias de narcotraficantes colombianos o bolivianos, pero está claro que éstos nada podrían hacer sin la complicidad directa y colaboración decisiva de las mafias norteamericanas que operan fuera y dentro de los Estados Unidos. Cada vez aparece más claro que la impunidad con que operan los grandes narcotraficantes se debe, ante todo, a la corrupción imperante en los servicios aduaneros y en los organismos policiales, incluidos los que están encargados de la lucha contra el narcotráfico, de ese país (1).

Otra conclusión importante que se desprende del análisis llevado a cabo es que todo indica que las poderosas organizaciones de narcotraficantes que actúan dentro de Bolivia nada serían y nada podrían si no fuese porque cuentan con la complicidad directa de las Fuerzas Armadas o, al menos, de los altos jefes militares de ese país. Las Fuerzas Armadas ocupan el poder en Bolivia, casi ininterrumpidamente, desde 1964. El poder militar en Bolivia ha sido y es, en la actualidad, esencialmente fascista. El enriquecimiento más fácil y más rápido posible, a cualquier precio, es su finalidad primordial. El narcotráfico ha crecido bajo la protección de la dictadura militar y en él se originan las escandalosas fortunas de las que hacen ostentación muchos militares. El poder militar no sólo es ilegal en su origen, lo es también en todo el curso de sus actividades y quehacer políticoadministrativo. cuando asumen el poder, los militares imponen sus criterios o sus intereses por encima de toda ley. No hay poder capaz de controlar ni de juzgar su comportamiento. Unicamente el retorno al imperio de la ley podrá acabar con la impunidad de que goza el poder militar. Por lo tanto, sólo una auténtica democratización del poder político en Bolivia podrá poner coto al creciente poder del narcotráfico, hasta erradicarlo. Pero la condición para ello es que las Fuerzas Armadas dejen de protegerlo, regresen al cumplimiento de sus específicas funciones militares y, por lo tanto, se subordinen al poder civil democráticamente elegido por el pueblo.

Por último, no se puede dejar de ver que el poder militar en Bolivia ha terminado engendrando una criatura monstruosa, que ha crecido y se ha desarrollado a sus expensas y bajo su protección: los «paramilitares». Estos son como una deformación interesada del poder militar. Tienen el poder de las armas, pero lo camuflan bajo ropajes de civilidad. Gozan del anonimato de los civiles, pero también se benefician con la organización y la impunidad de los militares. Son «profesionales de la violencia», una verdadera máquina de destrucción, terror y muerte. Se alimentan con las fabulosas ganancias y aportaciones de los narcotraficantes a cambio de la escolta armada que les dan para garantizar la impunidad de su actividad delincuencial. Su total desaparición es el más urgente de los requisitos para emprender la erradicación del narcotráfico y poder alcanzar la paz social en Bolivia.

Londres, octubre de 1982.

Lista parcial de paramilitares bolivianos y de mercenarios extranjeros

Esta es, evidentemente, una lista muy incompleta, pues el número total de paramilitares en Bolivia suele cifrarse alrededor de los tres mil. Sin embargo, en ella figuran los nombres más notorios y los que se destacan por su influencia política o su poder de mando. Para confeccionarla se han compulsado numerosas y variadas fuentes de información, habiéndose preferido aquéllas de carácter público, de tal forma que la gran mayoría de los nombres aquí publicados está respaldada documentalmente en recortes de la prensa tanto boliviana como no boliviana. En el diario «Presencia», de La Paz, apareció, el 23 de mayo de 1982, una larga lista de presuntos paramilitares bajo la original cobertura de «Deudores morosos de la Compañía importadora PARA MI Ltda. con sede en Buenos Aires y sucursal en Bolivia». De ella, sólo una veintena de nombres coinciden con los aquí publicados, lo cual no quiere decir que el resto sea considerado apócrifo, sino sólo insuficientemente garantizado por tratarse de una fuente anónima. Por otra parte, el hecho de que la mayoría de los nombres aquí publicados provengan de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba no significa que en el resto del país no existan también grupos paramilitares, sino sólo que la información disponible al respecto es más deficiente. Por lo demás, aquí podrá observarse que, aunque entre los paramilitares abundan los elementos antisociales, esa no es su característica predominante, sino el hecho de que son elementos infiltrados (ya sea como informantes, como enlaces o como saboteadores) en una buena parte del tejido social boliviano: el Gobierno, la Administración Pública, las Fuerzas Armadas, la Policía, las aduanas, los partidos políticos, los sindicatos, el Magisterio, la Universidad, la Iglesia, la empresa privada.

Lista Parcial de Paramilitares Bolivianos y Mercenarios Extranjeros
Alarcón, Alvaro	Delator. Agente del SES.
Alarcón, Gary	Integrista católico. Terrorista. Cabecilla de la Legión Boliviana Social Nacionalista de Cochabamba. Responsable nacional de los mercenarios extranjeros (GOA).
Alarcón, Guido	Hermano del anterior y seguidor suyo.
Alí Parada, José	Del FBJ, apresado en Brasil.
Algañaraz, Róger	De la Aduana de Santa Cruz
Alvarez, Alberto	De FSB
Angulo, Hugo	Supervisor de Escuelas Normales. Cochabamba
Aponte, Róger	Narcotraficante. Ex contador de Roberto Suárez Gómez
Arandía, Jaime	Teniente. Del GOESP.
Aranibar, Jaime	Informante. Huanuni.
Araoz, Eulogio	Campesino. Cochabamba.
Arce Gómez, Luis	Coronel. Terrorista. Narcotraficante. Ex jefe de Inteligencia del Ejército y ex ministro del Interior. Primer responsable de la organización de los grupos paramilitares. Cabecilla del «Grupo Armado de Lucha Bolivia Primero».
Arzabe, Oscar	Catedrático en la UMSA.
Atala, Miguel	Transportista. Santa Cruz.
Atala, «Pachi»	Automovilista. Narcotraficante. Santa Cruz.
Atala, Sonia Sanjinés de	Esposa del anterior. Narcotraficante.
«Atlas, Míster»	Luchador profesional. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Balvián, Jorge "Coco"	Delator. Torturador. Min. Interior.
Ballón, Walter	Maestro rural. Guardaespaldas de Nelo Montero
Baptista, José Abraham	Ex jefe de la DID en Oruro, Cochabambay Santa Cruz. Agente de la Sección de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército y enlace entre los narcotraficantes y el Alto Mando Militar. Asesinado en Santa Cruz en octubre de 1980 por orden de Arce Gómez.
Barbie (a) Altmann, Klaus	Criminal de guerra alemán. Ex jefe de la policía política nazi GESTAPO en Lyon (Francia). Agente del Min. Interior y asesor en técnicas de represión. Reclutador de mercenarios. Prófugo de la justicia francesa y alemana.
Barrenechea Aramayo, Víctor	Comisario de la DIN. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Barrenechea, "Cocacho"	Torturador. Min. Interior.
Barrionuevo, Eduardo	Mercenario argentino procedente de la AAA.
Benavides Alvizuri, Guido	Inspector de Policía. Ex jefe del DOP y de la Sección de Informaciones de la DIN. Director Nacional de la DIN. Corresponsable de la organización de bandas paramilitares.
Benazzi, Miguel Angel(a) "Manuel" o "Salomón"	Capitán argentino. Torturador de la ESMA y agente de Inteligencia para operaciones en el exterior. Funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina en Bolivia desde 1978.
Bernal, Juan Carlos	Jefe de grupo en Cochabamba.
Bowles Rivero, Rolando	Director de Lotería Nacional.
Boza Lizarazu, Froilán	Supervisor de Escuelas Rurales. Cochabamba.
Bravo, Reynaldo	Funcionario en la Facultad de Economía de la UMSA. Agente del Min. Interior.
Buchón, Olivia	Secretario en la Facultad de Tecnología de la UMSA.
Caballero Lafuente, Julio	Maestro rural. Jefe de grupo en Cochabamba.
Caballero, René	Informante. Huanuni.
Callau Justiniano, Nelo	Coordinador del Min. Interior con la Prefectura de Santa Cruz.
Camacho, Alberto	Informante. Catavi.
Camacho Chávez, Mario.	Maestro rural. Cochabamba
Camacho Navia, Fausto	Maestro rural. Cochabamba.
Canelas, Fernando	Jefe de grupo en Cochabamba.
Carbonne, Mario	Mercenario italiano. Terrorista
Cassib, Oscar .	Contacto con narcotraficantes en Santa Cruz
Cassis, Omar	De FSB. Jefe de Seguridad y asesino del Coronel Selich, primer ministro del Interior de Bánzer. Tercer Comandante del GEC del FBJ.
Castañón, Ubaldo	Maestro. La Paz.
Castro, Edwin	Jefe del Departamento de Bienestar de la UMSA.
Castro Menacho, Jorge	Del Comando "Los Albertos", asesino de Luis Espinal.
Céspedes, Oscar	Ex dirigente campesino. Jefe de grupo en La Paz
Clarós, José	Campesino. Cochabamba.
Clavijo, Daniel	Mayor del Ejército. Coordinador en el campo.
Clavijo Molina, Valentín	Supervisor de Escuelas Rurales. Jefe de grupo en Cochabamba.
Córdoba Gutiérrez, Carmen	Informante. Cochabamba.
Crespo, Julio César.	De la banda de Gary Alarcón.
Cuellar, José «Palanca»	Asesino de Abraham Baptista. Santa Cruz.
Cuentas, Daniel «Damy»	Torturador. Min. Interior.
Chávez, Alberto	Médico. Del FBJ. Santa Cruz.
Dalence, Alfonso	Jefe de grupo en Oruro.
Deri, N	Oficial de la Policía Federal Argentina.
Dip, Ricardo	Mercenario argentino. Informante. Contacto con narcotraficantes.
Echevarría Barrancos, Erland	Narcotraficante. Ex socio de A. Baptista.
Eguez Mejillones, José	Agente del Min. Interior en la UMSA.
Elio, Antonio "Chicho"	Ex Subsecretario del Min. Interior. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Escalier, Jorge	Agente del Min. Interior en la UMSA.
Estenssoro, Hugo	Informante. Santa Cruz.
Estrada, Francisco	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
«Fantón, Capitán»	Oficial de la Fuerza Aérea. Torturador. Min. Interior y zonas mineras.
Fernández González, Carlos	Mayor del Ejército. Encargado de la recaudación de impuestos y contribuciones de los narcotraficantes.
Ferrufino, José Faustino	Supervisor de Escuelas Rurales. Cochabamba.
Fiebelkorn, Joachim	Mercenario alemán del SES. Terrorista internacional y ex miembro de la Legión Española. Primer Comandante del GEC del FBJ. Prófugo de la justicia italiana, en Brasil o Paraguay.
Forlangier, Napoleón	Mercenario francés procedente de la Legión Extranjera. Instructor militar del FBJ.
Fuentes, Raúl	Informante. Siglo XX.
Gallardo, Juan Carlos	Encargado de la imprenta en la UMSA.
Gamarra Zorrilla, José	Jefe de grupo en La Paz.
Gamón, Pascual	Ex dirigente campesino. Jefe de grupo en LaPaz.
Gantier Quispe, Carlos	Maestro rural. Torturador. Cochabamba.
García, Juan Carlos	Narcotraficante. Agente del SES.
García Ricaldi, Angel	Teniente Coronel retirado. Subjefe de la Sección de Inteligencia del Ejército en 1980. Apresado por narcotraficante.
Gómez Laterrada, Carlos	Delator. Contraloría de Cochabamba.
González, Francisco «Paco»	Contacto con narcotraficantes. Santa Cruz.
González, Percy	Guardaespaldas de Widen Razuk.
González Bonorino, Martín y «Gordo»	Mercenarios argentinos del grupo de Mingolla. Terroristas.
Gutiérrez, Jaime	Narcotraficante. Segundo Comandante del GEC del FBJ.
Gutiérrez, José Luis	Agente del Min. Interior.
Gwinner, Kai	Mercenario alemán del FBJ.
Herrera, Fernando	Director de la TV. Agente del SES.
Hinojosa, N.	Capitán. Subjefe del SES, luego del DIE.
Hirsch, Elías	Jefe de grupo en Cochabamba.
Hoefle, Franz-Josef .	Mercenario alemán del FBJ
Hurtado de Araoz, Manuela	Informante. Cochabamba.
Irazoque, Carlos	Agente del Min. Interior.
Ivanovich, Andrés «Flaco»	De FSB. Subdirector de Lotería Nacional. Agente de Min. Interior.
Jordán, Mario	De la banda de Gary Alarcón.
Koeller, «El Largo»	Cochabamba.
Konter, Manfred	Mercenario alemán del FBJ.
Kopplin, Herbert Manfred Paul «Ike»	Mercenario alemán del FBJ. Ex miembro de la Legión Extranjera. Agente del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
Kullmann, Willi Herbert Manfred	Mercenario alemán del FBJ. Agente del Min. Interior. Apresado en Brasil.
Landívar, Rodolfo «Rudy»	Capitán. Ex Coordinador del Pacto Militar-Campesino en Santa Cruz. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Lauer, Heinz	Ex oficial de las Tropas de Asalto SS del Ejército alemán. Alto funcionario del Min. Interior.
Leclere, Jacques Edouard	Mercenario francés. Terrorista procedente de la antigua OAS.
Lewandowski, Hans Jürgen	Mercenario alemán del SES. Ex soldado de las Tropas de Asalto SS nazis y ex miembro de la Legión Extranjera. Asesinado por Fiebelkorn en Santa Cruz en noviembre de 1980.
Linale, «Mimo»	Agente del SES.
Loayza, Rafael	Coronel. Torturador. Ex jefe del DOP. Especialista en interrogatorios e investigación política. Funcionario permanente del Min. Interior.
López, Darío	Campesino. Norte de Potosí.
Loza, «Goyo»	Torturador. Min. Interior.
Magariños, Nicanor	Funcionario en la Facultad de Ciencias Puras de la UMSA. Agente del Min. Interior
Maldonado, Gualberto	Maestro rural. Torturador. Grupo «Los Tigres» de Cochabamba.
Maldonado, Ismael y Edgar	Hermanos y cómplices del anterior.
Maldonado Miranda, Aurelio	Supervisor de Escuelas Rurales. Cochabamba.
Martínez M., Pedro	Integrista católico y miembro de la Liga Mundial Anticomunista-Sección Bolivia. Jefe de la División de Personal de la UMSA.
Mena Burgos, Carlos	Coronel. Ex jefe de Inteligencia y de Operaciones del Min. Interior. Ex ministro del Interior. Asesor de la Sección de Inteligencia del Ejército.
Menacho, «Chicho»	Santa Cruz.
Menacho, Edwin Casto	Santa Cruz.
Menacho, Rosendo	Santa Cruz.
Méndez Peinado, José	Control del Aeropuerto de Santa Cruz.
Méndez V., Víctor Hugo	Jefe de la zona de Oruro.
Méndez, Teófilo	Informante. Huanuni.
Mendíaz, Víctor	Coronel argentino. Responsable de la represión en el norte de Argentina y de las incursiones de comandos terroristas en el sur de Bolivia. Enlace de los «asesores» argentinos con el Coronel Faustino Rico Toro.
Mendizábal, Guillermo	Informante. Colquiri.
Mendizábal, Víctor Hugo	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Mingolla, Alfredo Mario	Mercenario argentino. Agente del Min. Interior. Terrorista y provocador.
Molina, Lisandro	Campesino. Santa Cruz.
«Mono Relojero»	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal. Terrorista.
Monroy Munguía, Fernando «Mosca»	De FSB. Terrorista. Jefe de grupo en La Paz y gangster en Santa Cruz. Asesinado en Santa Cruz en junio de 1982.
Monroy Munguía, N.	Hermano del anterior. Del FBJ.
Montaño, N.	Capitán. Del SES.
Montero, Nelo	Mayor del Ejército. Coordinador del Pacto Militar-Campesino en Cochabamba.
Montero Negri, Humberto	Norteamericano. Traficante de armas y de cocaína.
Montes Nieto, Norach	Agente de la Sección II del Ejército en la UMSA.
Morant, Ernesto	Torturador. Santa Cruz.
Morato, Oscar	Informante. Santa Cruz.
Moscoso, Guillermo	Agente de la DIN. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Moscoso, Tomás	Agente del SES. Narcotraficante.
Moya, Atilio Benito	Mercenario argentino. Santa Cruz.
Muñoz, Lidia de	Informante. Colquiri.
Muñoz Torres, Weymer	Capitán. De la Sección II del Ejército.
Nielsen, Roberto	Capitán. Jefe de Seguridad de García Meza.
Orellana, Juan	Campesino. Cochabamba.
Ormachea, Víctor	Torturador. Min. Interior.
Ortega, Justo	Director de núcleo de escuelas rurales. Torturador. Jefe de grupo en Cochabamba.
Ortega, Víctor Hugo	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Ortiz Gutiérrez, A. Ramón	Del FBJ. Apresado en Brasil.
Osco, Dionisio	Dirigente campesino. La Paz.
Ostria Trigo, Marcelo	Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otarola, Juan Carlos	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Otero Arrién, Edmundo «Piqui».	Jefe de grupo en Santa Cruz. Apresado por narcotraficante.
Pacheco, Alex	Narcotraficante. Enlace con Arce Gómez.
Pamo, Melquiades	Torturador. Min. Interior.
Paz, José «Pepe»	Narcotraficante. Montero.
Paz Hurtado, Manuel	Capitán de la Fuerza Naval. Narcotraficante.
Penseroli, Imelda Lourdes
y Rosa Mariana	Mercenarias argentinas. Del FBJ. Apresadas en Brasil.
Peredo, Luis	Informante. Huanuni.
Pereira, «Mozo»	Santa Cruz.
Pereira Quiroga, Alvaro	Director distrital de escuelas rurales. Jefe de grupo en Cochabamba.
Pereira Quiroga, Elena	Hermana del anterior.
Pernia, Antonio (a) «Rata»«Trueno» o «Martín»	Capitán argentino. Destacado torturador de la ESMA y agente de Inteligencia para operaciones en el exterior. Agregado Naval de la Embajada de Argentina en La Paz. Asesor del SES.
Perrota, N.	Capitán argentino. Agregado Naval de la Embajada argentina en Santa Cruz de la Sierra.
Pinto, Rufino	Dirigente transportista. La Paz.
Pizarroso, N .	Teniente. Del SES.
Poggi de Quesada, Rosario	Coordinadora de los paramilitares en el Min. Interior.
Portocarrero, Edwin	Agente del Min. Interior en la UMSA a cargo de la parte docente.
Puyol, Germán	Capitán. De la Sección II del Ejército.
Quiroga, Fernando «Freddy» (a) «Lince»	Coronel. Ex jefe del SIE. Fundador y jefe del SES, luego del DIE. Corresponsable de la organización de bandas paramilitares.
Quiroga, Orlando «Caballo»,	De la Aduana de Cochabamba.
Ramírez, Jaime	Agente del SES. Narcotraficante.
Razuk Abrene, Widen	Prefecto de Santa Cruz bajo Bánzer. Terrorista. Narcotraficante. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Recacochea, Carlos	Santa Cruz.
Rivera, Soledad	Magisterio. Cochabamba.
Roca, Lorgia	Funcionaria del Min. Interior en Montero. Enlace con narcotraficantes.
Rocha, Lucio	Jefe del Departamento de Acciones y Control de la UMSA. Agentes del SES.
Rocha, Oscar	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Rojas, Anacleto	Campesino. Cochabamba.
Rojas, Marcelo	Oficial de la Fuerza Naval.
Sagra, Oscar	Mercenario argentino procedente de la AAA. Informante.
Salamanca Trujillo, Daniel	Subsecretario del Min. Interior bajo Arce Gómez. Ideólogo y panfletista de los paramilitares.
Salamanca Trujillo, Hugo	Hermano del anterior. Secretario privado de García Meza.
Salazar, Pedro	Sargento. Del GOESP.
Salinas, Walter	Interventor de la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba.
Sánchez, José Luis Machiavello	Mercenario peruano. Del FBJ. Apresado en Brasil.
Sánchez de Loria, Gonzalo	Catedrático en la UMSA.
Sánchez Peña, Pablo	Agente del SES.
Sandoval Morón, Willy	Encargado de la recaudación de impuestos a los grandes transportistas de coca a nombre del SES.
Santa Cruz, Antonio	Jefe de personal en unidad sanitaria de Cochabamba.
Saravia, N .	Capitán. Del SES.
Schelling, N. (a) «Pingüino»,«Mariano» o «Miranda»	Capitán argentino. Torturador. Jefe de Inteligencia del aparato represivo de la ESMA en Buenos Aires y agente para operaciones en el exterior. Responsable del equipo de expertos en Terrorismo e Inteligencia de la ESMA que se trasladó a Bolivia en 1980.
Schelling, N .	Coronel argentino. Hermano del anterior. Profesor en la Escuela de Estado Mayor en Cochabamba.
Schramme, Jean	Mercenario belga. "Coronel" de mercenarios y ex jefe de Policía en Katanga (ex Congo belga, hoy Zaire). Beni.
Soto, N .	Capitán. Tránsito de Cochabamba.
Stellfeld, Hans Joachim	Mercenario alemán del FBJ. Ex soldado nazi. Guardaespaldas de Ustarez. Muerto (por sobredosis de cocaína) o asesinado(por Hoefle y Konter) en Santa Cruz en diciembre de 1980.
Suárez, Héctor	Agente del Min. Interior.
Téllez Mier, Víctor	Cochabamba.
Torres, Hilarión	De FSB. Jefe del Departamento de Inscripciones y Registros de la UMSA.
Torres Vilela, Melquiades (a) «Jemio»	Detective de la DIN. Torturador. Min. Interior. Asesino de Luis Espinal.
Torrico, Epifianio	Magisterio. Cochabamba.
Torrico, Santiago	Campesino. Norte de Potosí.
Trigo, Raúl	Del Comando «Los Albertos», asesino de Luis Espinal.
Trujillo, Galo	Luchador profesional. Torturador. Min. Interior rior. Asesino de Luis Espinal.
Urefia, Adalid	Magisterio. Cochabamba.
Usnayo, Marcial	Agente de la DIN y del SES. La Paz.
Ustarez Ferreira, Adolfo	Contralor General de la República bajo García Meza. Integrante y portavoz de los GOA.
Vaca, Oscar Román	Presidente del comité Pro Santa Cruz bajo Bánzer. Ministro de Salud bajo Pereda. Prefecto de Santa Cruz bajo García Meza. Terrorista.
Vacaflor, Juan	Teniente Coronel. Ex jefe del SIE. Jefe del GOESP.
Vaca Díez de Ortiz, Tatiana	Del FBJ. Apresada en Brasil.
Valdivia, Alberto	Oficial del Ejército.
Valdivia, Alfonso	Catedrático de Metalurgia en la UMSA.
Valenzuela de Alvarez, Marina .	Informante. Cochabamba.
Valverde Barbery, Carlos	Organizador de los grupos de choque de FSB. Terrorista. Ministro de Salud bajo Bánzer. Jefe de grupo en Santa Cruz.
Van de Zande, Róger	Mercenario belga. Del grupo de Schramme.
Van de Zande, N. (a) «Tigre»	Mercenario belga, hijo del anterior. Del SES. Torturador.
Van Ingelgom, Álbert	Mercenario belga. Ex oficial de las Tropas de Asalto nazis. Del grupo de Schramme.
Vargas, Willy	Cochabamba.
Vázquez, Beatriz	De la División de Bienestar de la UMSA.
Velarde E., Percy	Torturador. La Paz.
Velázquez Paz, Carlos .	Supervisor de Escuelas Rurales. Torturador. Cochabamba
Velázquez, Nancy R. de	Esposa del anterior.
Vildoso, Franklin	Informante. La Paz.
Vollmer, Carsten	Mercenario alemán del FBJ. Ex miembro de la Legión Extranjera.
Valterkirche, Wolfgang	Mercenario austríaco del FBJ. Apresado en Brasil
Zambrana, Jorge	Aeropuerto de Santa Cruz.
Zanabria Pérez, Félix .	Guardaespaldas del Mayor Nelo Montero
Zegarra, Walter	Notario en Quillacollo.
Zuna, Humberto	Informante. Huanuni.

Principales Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas con poder de mando sobre los Paramilitares

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Principales Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas con poder de mando sobre los Paramilitares
1. Coronel Luis Arce Gómez.	Ex jefe del Dep. II EMGE. Ex ministro del Interior. Ex director del Colegio Militar. Director de la Escuela de Inteligencia Militar.
2. Coronel Faustino Rico Toro	Ex ministro del Interior. Ex jefe del Dep. II EMGE. Jefe de la Casa Militar de García Meza. Director del Colegio Militar.
3. Coronel Freddy Quiroga	Ex jefe del SIE. Jefe del SES, luego del DIE.
4. Coronel Carlos Rodrigo Lea Plaza	Jefe del Dep. III EMGE y del COC.
5. Coronel Rafael Loayza .	Funcionario permanente del Min. Interior
6. Coronel David Fernández Viscarra	Jefe de la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
7. General Natalio Morales Mosquera	Comandante de la Fuerza Aérea. Integrante del COC.
8. Capitán Hinojosa .	Subjefe del SES, luego del DIE
9. Coronel Carlos Mena Burgos .	Ex jefe de Inteligencia del Min. Interior. Ex ministro del Interior
10. Teniente Coronel Juan Vacaflor .	Ex jefe del SIE. Jefe del GOESP
11. Coronel Carlos Casso Michel .	Jefe de Inteligencia del Min. Interior
12. Capitán Montaño	Del SES.
13. Capitán Saravia	Del SES.
14. Teniente Pizarroso	Del SES.
15. Capitán Weymer Muñoz Torres	Del Dep.II EMGE.
16. Capitán Germán Puyol	Del Dep.II EMGE.
17. Capitán Rudy Landívar	Ex coordinador del Pacto Militar-Campesino.
18. Mayor Nelo Montero	Coordinador del Pacto Militar-Campesino.
19. Mayor Daniel Clavijo	Coordinador de grupos campesinos.
AAA = Alianza Anticomunista Argentina o «Triple A». COC = Comando de Operaciones Conjuntas. Dep. II EMGE = Departamento II (inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército. Dep. III = Departamento II (Operaciones). DID = Dirección de Investigación Departamental DIE = Dirección de Inteligencia del Estado. DIN = Dirección de Investigación Nacional. DOP = Departamento de Orden Político. ESMA = Escuela de Mecánica de la Armada. FBJ = Frente Bolivia Joven. FSB = Falange Socialista Boliviana. GEC = Grupo Especial de Comando. GOA = Grupos Operacionales de Apoyo. GOESP = Grupo de Operaciones Especiales. OAS = Organisation Armée Secrète SES = Servicio Especial de Seguridad. SIE = Servicio de Inteligencia del Estado. UMSA = Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz. Min. Interior = Ministerio de lnterior.