BOLIVIA: LA MAFIA EN EL PODER

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1. El Golpe de los «Cocadolares»

El golpe militar de García Meza-Arce Gómez, motejado por la prensa internacional como «El Golpe de los Coca-dólares», comenzó en la mañana del 17 de julio de 1980, con el levantamiento del Regimiento de Trinidad, capital de Departamento del Beni. Cuando se conoció la noticia, a través de los medios de comunicación social, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) llamó a una reunión urgente con el fin de evitar por todos los medios que se quebrase el proceso constitucional, en esos momentos representado por el gobierno legítimo presidido por la señora Lidia Gueiler. La reunión se realizó esa misma mañana en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), y en ella participaban casi todos los partidos, así como representantes de la Iglesia, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, de la Universidad y los propios dirigentes de la COB.

Al principio de la reunión, Marcelo Quiroga Santa Cruz propuso el que la COB decretase una huelga general, sugerencia que fue aprobada. Cuando, poco después se leían las resoluciones adoptadas delante de las cámaras de la televisión, comenzaron a oírse algunos disparos. Inicialmente se pensó que se trataba de un tiroteo de intimidación, pero pronto todos pudieron convencerse de que los vidrios del edificio saltaban con los disparos y que el ataque iba dirigido, de un modo bien planificado, en contra de la Central Obrera Boliviana.

Los paramilitares, dirigidos por el famosos asesino Fernando «Mosca» Monroy, habían rodeado el edificio y unos 20 de ellos, manejando armamento moderno, entraban a su interior. Todos habían llegado en ambulancias que, por orden del Coronel Arce Gómez, habían sido requisadas de la Caja de Seguridad Social. Cuatro jeep acompañaban a esas ambulancias.

Marcelo Quiroga fue identificado cuando bajaba por las escaleras, junto con los demás detenidos y con las manos en la nuca. Le quisieron separar del grupo, sin duda para asesinarle sin la presencia de testigos. El resistió a separarse del grupo y en ese momento uno de los paramilitares le disparó una ráfaga, quedando gravemente herido. Fue llevado al Estado Mayor del Ejército, en la zona de Miraflores, donde, después de torturarle, le asesinaron. En el edificio de la COB cayeron muertos el dirigente Gualberto Vega y el dirigente político Carlos Flores. Algunos de los que asistían a la reunión de CONADE lograron esconderse o escapar; los demás fueron llevados presos al Cuartel del Estado Mayor del Ejército.

Los grupos paramilitares, en un operativo perfectamente coordinado, tomaron las emisoras de La Paz, de tal modo que la opinión pública quedase desinformada de lo que realmente estaba sucediendo en esos instantes. A las 13,30 invadieron el Palacio de Gobierno, tomando presos a la Presidenta de la República y a sus Ministros. Todo pudo hacerse con tal rapidez que ni el Gobierno, ni los partidos pudieron presentar un esquema válido de resistencia.

Los comentarios y las denuncias en el sentido de que numerosos «asesores» argentinos eran quienes planificaban los objetivos y quienes hacían los interrogatorios y torturaban a los presos se fueron haciendo cada vez más insistentes, hasta que se llegó a su verificación total (ver apéndice 2).

De nada servía que el pueblo en general, y especialmente los mineros, estuvieran dispuestos a no ceder de ningún modo ante los golpistas y a presentarles batalla. Algunos centros mineros resistieron una semana; otros, como Viloco y Caracoles, lucharon durante 18 días frente a un ejército regular que los rodeaba con tanques y los bombardeaba desde sus aviones. Siles Suazo declaraba que se había organizado un «gobierno clandestino». Lo cierto era que el golpe había triunfado.

Pero en ese mismo instante comienza también a tenderse el cerco político y económico en contra del nuevo régimen de Bolivia. La razón principal de este hecho no está en que se haya roto el proceso democrático, ni tampoco en la ideología fascista de los golpistas, ni aun siquiera en la falta total de libertad o en la represión generalizada o en las crueles torturas a que son sometidos todos los presos... La razón del cerco está en la cocaína.

El «Washington Post» afirmó que el principal motivo del golpe fue el miedo de los generales a perder millones de dólares procedentes del narcotráfico. La prensa de los Estados Unidos, informada, sin duda, por los responsables de DEA y por el propio Departamento de Estado, comienza a denunciar abiertamente, con nombres y datos precisos, la relación directa entre el nuevo gobierno boliviano y el narcotráfico. Se dan fechas y lugares exactos donde se realizaron las reuniones en las que los narcotraficantes, a través de Abraham Baptista, de José «Pepe» Paz, de Edwin Gasser, de Pedro Bleyer o de Sonia Atalá aportaban gran cantidad de dólares para «comprar» la conciencia de los generales indecisos para participar en el golpe. También denuncian que las armas usadas por los paramilitares habían sido compradas con el dinero de la droga.

Desde el propio Senado de los Estados Unidos es desde donde surgen las acusaciones más graves y más documentadas. El Senador De Concinni llega a afirmar que los narcotraficantes se han hecho con el poder en Bolivia. Van saliendo a luz pública los nombres de los principales militares implicados en el narcotráfico o que reciben de él fuertes sumas de dinero: General García Meza, Coronel Arce Gómez, General Waldo Bernal, General Hugo Echeverría, Coronel Ariel Coca, Mayor Rudy Landivar, Coronel Rolando Canido, Coronel Faustino Rico Toro, Coronel Norberto Salomón, Coronel Doria Medina, Coronel Jorge Lara... También aparecen numerosos nombres de civiles, casi todos ellos pertenecientes a la alta burguesía boliviana. Esas personas tienen también relaciones extrechas con los militares y muchas de ellas han colaborado políticamente en el gobierno del General Bánzer. Tanto el gobierno como la opinión pública de los Estados Unidos tomaron posiciones contrarias al régimen militar boliviano, ya que el 70 % de la cocaína que ingresa ilegalmente a ese país procede de fuentes bolivianas.

Para probar, con la máxima objetividad, hasta qué punto están implicados gran parte de los Jefes y Oficiales de la institución castrense boliviana en el narcotráfico vamos a optar por reproducir sus propios testimonios. Serán los mismos Jefes militares los que nos digan quiénes de ellos son los implicados y hasta qué extremos llega la corrupción en su institución. Añadiremos a ello sólo los testimonios de personas, que por su alta investidura o por su especial autoridad en la materia, sus opiniones merezcan total credibilidad.

Saliendo del hermetismo general que ha rodeado siempre a las noticias referentes a Jefes militares implicados en el narcotráfico, el 15 de enero de 1982, el Ministro de Defensa, General Armando Reyes Villa, declaraba: «Los Oficiales que están implicados en el narcotráfico están siendo procesados» («Presencia», 15-I-82).

El 10 de noviembre de ese mismo año aparece una Circular del Comando General del Ejército en la que se insta a los Oficiales que tengan conocimiento de delitos de narcotráfico para que se presenten al Tribunal Supremo de Justicia Militar a declarar.

El General Humberto Cayoja, al abandonar el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, denunció ante la opinión pública que había dejado en el escritorio del que fue su despacho un archivo de 300 páginas que contenía la nómina de los militares implicados en el narcotráfico. Esa documentación, afirma el General Cayoja, desapareció misteriosamente sin que nadie, hasta la fecha, sepa su paradero.

El Teniente Coronel Shiriqui, Comandante del Regimiento Manchego, con asiento en Montero (Santa Cruz) decía en su discurso de Aniversario de dicho Regimiento: «Luchando contra la mafia organizada hemos desmontado verdaderos complejos industriales del delito, recogiendo sobrecogedora información que fue elevada a los Mandos institucionales... Ante las jugosas ganancias de los narcotraficantes surge una emulación social negativa... Hasta los mismos cuarteles llegan panfletos anónimos que tratan de sembrar la idea de que no hay un solo militar de prestigio que no se encuentre comprometido... El narcotráfico ha crecido porque ha encontrado aliados que le dan protección y ayuda.» («Presencia», 10-IX-81.)

Según versión oficial, el Inspector General de las Fuerzas Armadas, General Rivera Palacios, sometió a proceso a 30 Jefes y oficiales. Sin poder terminar estos procesos fue removido de su cargo siendo nombrado para dichas funciones el Contraalmirante Alfredo de la Barra.

El ex Presidente de la República, General David Padilla, en fecha 25 de abril de 1982, entregó a la prensa un documento en el que denuncia, en términos muy duros, la inmoralidad del Gobierno y de los Mandos Militares. Dice el General Padilla refiriéndose a los regímenes de los Generales García Meza y Torrelio: «Corrompieron y dividieron a las Fuerzas Armadas, así como a la Policía boliviana... En base a una interpretación errónea de la camaradería quedan en la impunidad una serie de delitos y faltas cometidas por algunos Jefes y Oficiales de mal comportamiento... Con sus actitudes de inmoralidad y corrupción han puesto por los suelos la dignidad del país y de las Fuerzas Armadas, tanto interna como internacionalmente... porque los escandalosos negociados, a nivel gubernamental, quedan en silencio y la impunidad, contribuyendo al total desprestigio del gobierno.» («Presencia», 25-V-82.)

El Coronel Ariel Coca Aguirre, ex Ministro de Educación del Gobierno del General García Meza, en un alegato titulado «Yo acuso», publicado por la prensa nacional el 24 de agosto de 1981, dice entre otras cosas: «Cuando la campaña sobre mi supuesta participación en el sucio negociado de la cocaína tomó envergadura mundial, comencé a informarme sobre la realidad de las cosas. Supe entonces que los verdaderos responsables y culpables de esta criminal e ilícita actividad, la protegían, la fomentaban y la encubrían, a cambio de millones de dólares, nada menos que miembros del propio gobierno cuyos nombres conoce todo el pueblo boliviano. Entonces comprendí que ciertos Generales habían tejido el cargarme el lodo, el deshonor y la infamia de ser uno más en la cúpula de narcotraficantes.

La Junta de Comandantes no puede seguir gobernando. La conducta inmoral de dos de sus miembros al estar sindicados en el narcotráfico se lo impide... Nos encontramos al borde de la bancarrota total y este carnaval, en el seno de las Fuerzas Armadas, debe terminar... Los socios siguen juntos, destruyendo a Bolivia cuya situación económica es deseperante; el famoso SES sigue operando, a pesar de las declaraciones del Ministro del Interior; los grupos paramilitares no han sido disueltos.» («El Mundo». Santa Cruz. Agosto 198l.)

En los frustrados golpe del Coronel Lanza en Cochabamba y de Natusch-Añez en Santa Cruz, el principal argumento que esgrimían los amotinados para derrocar al gobierno del General García Meza, tanto en sus comunicados como en sus arengas radiofónicas, era la inmoralidad imperante a nivel gubernamental y en el seno de la institución armada. Esta inmoralidad la vinculaban fundamentalmente al narcotráfico «oficializado e institucionalizado».

Oigamos ahora a un testigo excepcional: el Capitán Rudy Landívar, ex Cónsul de Bolivia en Campo Grande (Brasil) y ex Coordinador del Pacto Militar Campesino en Santa Cruz. He aquí sus «sorprendentes» declaraciones (« sorprendentes » únicamente por la fuente de origen): «Indudablemente han existido -dice el Capitán Landívar- militares comprometidos con el narcotráfico, de los cuales yo conozco algunos nombres que los daré a conocer oportunamente, en un documento dirigido a la opinión pública.» Se le preguntó si podía adelantar algunos nombres. Respondió: «Prefiero hacerlo por escrito. Yo acostumbro a sostener lo que afirmo. Tengan la seguridad de que, en pocos días, voy a darles los nombres completos de Jefes y Oficiales comprometidos con el narcotráfico y de aquellos que recibieron dinero del narcotráfico.»

Uno de los periodistas le preguntó si se refería al «bono de lealtad» que el gobierno del General García Meza dio a algunos militares en dólares americanos, y respondió el Capitán Landívar- «Esta entrega de dinero se refiere más específicamente a dinero entregado por el señor Abraham Baptista, en el año 1980, a varios Jefes y Oficiales del Ejército.» (Abraham Baptista, como sabemos, era elemento clave en el contacto entre los Jefes militares y los principales narcotraficantes y fue acribillado a balazos en Santa Cruz, sin que nada haya aclarado la Policía al respecto.) («El Mundo», 19-V-82.)

Pasaron los días y los meses, pero el Capitán no soltaba su anunciada lista de militares. No dudamos de su información al respecto, lo que dudamos es que él diga todo lo que sabe. Es peligroso tirar piedras al tejado ajeno cuando el propio es de vidrio. Sin duda que Landívar obtuvo lo que esperaba: una buena «tajada» para no decir lo que todo el mundo sabe.

Pero nada más chocante que la actitud del Alto Mando Militar con relación al enjuiciamiento de los militares implicados en el narcotráfico y en otras actividades ilícitas. Según la decisión tomada por el Tribunal de Honor del Ejército sólo serían enjuiciados los militares de menor graduación, es decir, ¡de Mayores para abajo!

El General Angel Mariscal, Comandante en Jefe del Ejército declaró: «El Tribunal de Honor del Ejército no tiene potestad para juzgar al General García Meza, ni a los demás generales de la Junta de Comandantes. Nosotros no tenemos autoridad para juzgarlos. Es 'Caso de Corte'.» («Presencia», 25-V-82.)

En efecto, al conocerse el proceso en contra de 34 militares implicados en el narcotráfico resultó que todos ellos eran de graduación menor. El Comandante del Ejército declaraba a la prensa con el mayor desparpajo: «No hay entre los procesados ningún caso de General, ni de Coronel; eso sí, casos de Mayores y Capitanes, quizá más de Capitanes para abajo.»

Con esta original «ley del embudo» no es nada raro que el Tribunal de Honor del Ejército condene a los que no han pasado de ser «meros colaboradores» y absuelva de culpa y pena a los Altos Jefes Militares que se enriquecieron vertiginosamente con el tráfico ilícito de la droga y con otros «suculentos» negociados, como pueden ser, la explotación y comercialización de las piedras semipreciosas de La Gaibam, la escandalosa compra de la fábrica RIBSA, la venta ilegal de divisas del Banco Central, la alteración de los términos financieros del contrato internacional para la construcción de la carretera Chimoré-Yapacaní..., etc. («Presencia», 25-V-82 y Declaración del Cuerpo Pasivo de Generales y Almirantes. «Los Tiempos», 27-V-82.)

El «New York Times», en su edición del 31 de agosto de 1981, lanza en la primera página la siguiente andanada en contra de los altos Jefes militares de Bolivia: «El General García Meza recibió millones de dólares de traficantes de drogas que usó para comprar la 'lealtad' de Comandantes claves e impedir la represión contra el narcotráfico... Los Jefes militares bolivianos han estado involucrados en el tráfico de cocaína desde que las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 17 de julio de 1980.»

Sobre el Coronel Luis Arce Gómez dice el influyente rotativo norteamericano: «Fue sacado del puesto de Ministro del Interior a raíz de la presión internacional que lo señaló como el principal conctacto gubernamental del narcotráfico.

El General Waldo Bernal, miembro de la Junta de Comandantes, recibió regularmente pagos de hasta 10.000 dólares semanales para permitir la salida de aviones cargados de coca durante un período indefinido de tiempo después del golpe.» («New York Times», 31-VIII-81.)

Con razón ha podido afirmar el ex Presidente de Bolivia, Walter Guevara, que «el narcotráfico, como factor delictivo y no político o militar, contribuye a precipitar la fractura del sistema de dominación castrense en el país. El Coronel Luis Arce es el representante más conspicuo de esa participación en el narcotráfico. Sería absurdo decir que todos los oficiales están comprometidos, pero ellos estuvieron siempre al tanto de lo que ocurría; no obstante, prefirieron apoyar al régimen porque, de una u otra manera, los beneficios alcanzaban para todos». («Los militares en Bolivia», Walter Guevara. Mimeografiado, p. 14-15.)

2. El «Padre» de la Mafia

El poder de la mafia del narcotráfico en Bolivia es colosal. Ella no sólo tiene poder. Se ha instalado en el Poder. Es el poder mismo, con mayúscula.

Y la historia se remonta hasta los tiempos del General Bánzer, hacia mediados de la década del 70. Bánzer lleva gobernando varios años. Ha conquistado el poder a través de un golpe militar, desplazando al General Torres en agosto de 1971. Ha logrado, persiguiendo, apresando, exilando y matando, borrar todo vestigio de oposición. Se siente seguro e inamovible. La libertad de prensa es nula. El dictador se cree impune ante cualquier persona o institución que pretenda juzgar sus actos. Presiente que la cocaína puede ser una inagotable fuente de ingresos. Tiene a su lado verdaderos peritos en la materia: Roberto Suárez, que llegará a ser el omnipotente «padrino» de la mafia, se cuenta entre sus mejores amigos, lo mismo que José Paz de Montero o Widen Razuk o su ministro secretario Edwin Tapia Frontanilla.

Fue justamente Tapia Frontanilla el primero en ser descubierto. La hija de Bánzer acababa de contraer matrimonio con el joven profesional Luis -Chito» Valle. El nuevo matrimonio se trasladó a Montreal (Canadá) para continuar los estudios en la Universidad de Mc Gill. Bánzer, su suegro, le nombró Cónsul en esa ciudad canadiense. La Policía Montada del Canadá, conociendo los antecedentes familiares, trató de controlar discretamente al nuevo Cónsul boliviano. A los pocos días llegaron desde Bolivia unos visitantes sospechosos. Presentaron en el aeropuerto pasaportes diplomáticos otorgados y firmados por el Ministro Secretario de Bánzer, Edwin Tapia Frontanilla. La policía los detuvo y encontró en sus maletas un importante contrabando de cocaína con destino a la familia Valle-Bánzer. El gobierno canadiense echó tierra sobre el asunto para no verse envueltos en problemas diplomáticos. El matrimonio Valle-Bánzer tuvo que abandonar el país. Uno de los portadores de la cocaína era Alberto Sánchez Bello, secretario privado de Edwin Tapia Frontanilla. Tuvo que cumplir una condena de 5 años en las cárceles de Canadá.

A principios del año 1980, durante el breve mandato presidencial de la señora Lidia Gueiler Tejada y siendo Ministro del Interior Jorge Selum, la División de Narcóticos de Santa Cruz, realizó el denominado «Operativo San Javier», al mando del Mayor de Policía Carlos Fernández Navarro. San Javier es una población del Departamento de Santa Cruz, que dista unos 300 km de la capital oriental. La hacienda principal de la localidad es propiedad del General Bánzer y se llama «El Potrero». En las inmediaciones también tiene otra hacienda su amigo, y connotado hombre del narcotráfico, Wide Razuk. Las haciendas de San Javier, por estar dedicadas a la ganadería y por su situación geográfica alejada de las rutas tradicionales del tráfico de cocaína, nunca habían levantado sospechas.

El Mayor Carlos Fernández y sus hombres llegaron hasta San Javier con la misión específica de interceptar el «traspaso de cocaína a una avioneta colombiana que, según denuncias, había aterrizado allí varias veces. Cuando, llegados al lugar, trataron de penetrar en la hacienda encontraron una sorpresiva y tenaz resistencia armada. El grupo policial se encontraba en inferioridad de condiciones frente a los narcotraficantes. Tuvieron que volver a Santa Cruz en busca de refuerzos. Cuando la policía retornó a San Javier no se encontraron ya con la avioneta colombiana sino con un avión boliviano y junto a él un Oficial del Colegio Militar de Aviación que le ordenó el retirarse inmediatamente del lugar. El Oficial de Aviación les reiteró que él estaba encargado de hacer el decomiso. Pero el Mayor Fernández no se dejó intimidar y procedió a allanar la propiedad de Bánzer, donde se encontraron varias maletas con droga. La cocaína fue decomisada, lo mismo que varios uniformes militares que allí encontraron. Estos uniformes, según el testimonio de una persona del lugar, eran usados por los choferes de los camiones que trasladaban la hoja de coca hasta la hacienda de Bánzer. («Marka», 28-VIII-80. «Excelsior», 7-IV-81. México. Prensa Boliviana.)

Días después la prensa boliviana registró que se habían decomisado en la hacienda de Bánzer 300 kg. de pasta de cocaína. El General Bánzer se apresuró a hacer una declaración pública en la que decía que su hacienda había sido utilizada ilícitamente por los narcotraficantes.

En las postrimerías de su gobierno, Bánzer (julio 1978) nombró a su primo hermano Guillermo Bánzer Ojopi Cónsul General de Bolivia en la ciudad de Miami. Bánzer Ojopi ha sido acusado públicamente en los Estados Unidos de usar su oficina consular como conexión con la mafia de ese país. La prensa de Miami publicó que Bánzer Ojopi había invertido en el Estado de Florida por valor de 10 millones de dólares en la adquisición de algunos inmuebles de lujo. No dejaba de sorprender a los periodistas norteamericanos el que un pobre cónsul se hiciera millonario de la noche a la mañana.

En Buenos Aires, en fecha 21 de septiembre de 1981, el General Bánzer hizo pública una declaración rechazando las acusaciones que lo vinculaban con el tráfico de cocaína. Estas acusaciones aparecieron esos días en la prensa de Estados Unidos y de Brasil y estaban relacionadas, sobre todo, con las actividades sospechosas de su primo. Bánzer se presentó en un programa de la televisión argentina y, entre otras cosas, afirmó: «Se me acusa de tener un medio hermano a quien designé cónsul de Bolivia en Miami como nexo del narcotráfico... Declaro que un primo mío ejerció funciones de cónsul en Miami por tres meses, pero él fue designado por el gobierno que, mediante un cuartelazo a espaldas del pueblo, me sustituyó y no por el gobierno que yo presidí.»

Pero al día siguiente, el General Juan Pereda Asbún rechazó totalmente esas declaraciones de Bánzer. Pereda demuestra que Guillermo Bánzer Ojopi fue nombrado cónsul en Miami por el General Bánzer. La declaración textual de Pereda es como sigue:

«Con respecto a declaraciones del General Hugo Bánzer en la ciudad de Buenos Aires, publicadas en el diario 'Los Tiempos' el pasado día 22, en sentido de que 'su primo hermano, Guillermo Bánzer Ojopi, hubiese sido designado cónsul de Bolivia en Miami durante el tiempo que ejercí la Presidencia de la República, debo manifestar lo siguiente: Ante versiones periodísticas que lo sindican como participante en el tráfico de drogas en Bolivia, aparecidas en el diario 'Nueva York Times' y en la revista brasileña 'Istoe', el general Hugo Bánzer Suárez trata de salir al paso, queriendo demostrar que el señor Guillermo Bánzer Ojopi, sindicado de enlace con los narcotraficantes en la ciudad de Miami, hubiese sido designado cónsul durante mi administración.

Para conocimiento de la opinión pública, deseo desmentir tal afirmación, pues como consta en los documentos que cursa el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, el mencionado primo del general Bánzer fue nombrado cónsul general en Miami el 16 de mayo de 1978; nombramiento que se hizo siendo presidente el General Hugo Bánzer Suárez, Ministro de Relaciones Exteriores el General Oscar Adriázola y como subsecretario de ese despacho, Marcelo Terceros Bánzer. Tomó posesión de su cargo en fecha 3 de julio de 1978.

Hago constar que asumí el gobierno después del 21 de julio de ese año. Posteriormente, el señor Guillermo Bánzer Ojopi fue sustituido en su cargo de cónsul general en Miami por el señor Jorge Eguino Parada, durante mi administración Presidencial.» («Los Tiempos», 23-IX-1981)

Otro familiar muy cercano de Bánzer y que ha desempeñado cargos clavel en relación con el contrabando y el tráfico de cocaína es Guillermo Bánzer Abastoflor (a. «Nato»). También él aparece en varias publicaciones como muy relacionado con los narcotraficantes.

El Coronel Norberto «Buby» Salomón fue Edecán del General Bánzer y Jefe de la Casa Militar, cargos de máxima confianza. Fue también subsecretario de Aeronáutica. Norberto Salomón ha sido acusado por DEA como uno de los principales narcotraficantes. Norberto Salomón ha vivido varios arios protegido por el cargo de Agregado Militar de la embajada boliviana en Caracas, desde donde ha manejado impúnemente su negocio ilícito transportando cocaína en los aviones que tienen en propiedad junto con Arce Gómez.

Arce Gómez, Norberto Salomón, Widen Razuk, Rudy Landívar... fueron promovidos a cargos políticos importantes por el General Bánzer. José «Pepe» Paz, Alfredo Pinto Landívar, Roberto Suárez, Edwin Gasser, Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez, Pedro Bleyer, Abraham Baptista, Roberto Gásser Terrazas... vinculados todos ellos al tráfico de drogas, han sido y son amigos y colaboradores del General Bánzer. Y hasta la propia señora Yolanda Prada de Bánzer tuvo inconvenientes con la Policía Montada de Canadá y con los agentes de aduanas de aeropuerto de Madrid (Barajas) por sus implicaciones en el tráfico de cocaína.

3. El «Ministro de la Cocaina»

El personaje más siniestro y más controvertido de la primera fase del régimen del 17 de julio es, sin duda, el ministro del Interior de García Meza, Coronel Luis Arce Gómez. El 1 de marzo de 1981, el programa «Sesenta minutos» de la cadena CBS de la televisión norteamericana lo hizo la figura central de un reportaje documental titulado «El Ministro de la Cocaína». Las pruebas que en él se aportan sobre la implicación de Arce en el tráfico de la cocaína son tan contundentes que, en la víspera de la emisión, precipitaron la caída de Arce como ministro.

Aunque el ex ministro se apresuró a declarar que «no hubo una sola nota de los Estados Unidos que condicione a mi salida del gabinete el reconocimiento del gobierno»la verdad es otra.

Según la agencia de prensa IPS, la súbita destitución de Arce, el 26 de febrero, habría sido inspirada por el senador Jesse Helms, uno de los cabecillas más ultraconservadores de la «Nueva Derecha» norteamericana. Helms encabeza también el «lobby» de partidarios de la Junta militar boliviana dentro del Congreso norteamericano. Estos, según IPS, «se habrían enterado anticipadamente de la preparación del programa y urgieron a la Junta a destituir a Arce antes de su emisión. Será mucho más difícil que la Administración de Ronald Reagan normalice sus relaciones con Bolivia, habrían dicho los congresistas a la Junta boliviana, si Arce se encuentra en el gobierno al momento de irradiarse el programa de televisión» (IPS, 28 de febrero de 1981).

¿Quién es Luis Arce Gómez? Nació en Sucre hace 45 años, hijo de militar. Por parte de madre es primo hermano de Roberto Suárez Gómez, conocido como el «Padrino» de la mafia narcotraficante boliviana.

Fue expulsado del Ejército en 1960, cinco años después de haberse recibido de teniente, al parecer por haber violado a la hija de uno de sus superiores. Se vio, pues, obligado a ganarse la vida como pudiese. Terminó haciéndose fotógrafo de «actos sociales». Por un tiempo trabajó por cuenta del diario católico «Presencia», de La Paz, donde le conocían bajo el apodo de «Malavida», debido al desorden y la disipación en que vivía.

En 1964 se implicó en el golpe militar que instaló a la dictadura del general Barrientos, gracias a lo cual fue reincorporado a las filas del Ejército y premiado con el grado de capitán. Se especializa en explosivos. En 1969, tras el golpe del general Ovando, aparece a su lado como Jefe de Seguridad del Palacio de Gobierno. Durante el año que permanece en este puesto se producen varios asesinatos políticos detrás de los cuales se ve la mano de Arce. Uno de ellos, el que destrozó al director del diario «Hoy», Alfredo Alexander, y a su esposa, en su dormitorio, requería, precisamente, conocimientos de explosivos: era una bomba de relojería enviada como un paquete de regalo.

A su caída, en 1970, Ovando se lo llevó apresuradamente consigo a su exilio en España. Ahí le consiguió una beca y lo inscribió en la Escuela de Estado Mayor. Por detrás de esta solicitud casi paternal tal vez se escondía el afán de Ovando de retenerlo a su lado por temor de que al bravucón capitán se le fuera alguna vez la lengua. En todo caso, Arce permaneció en España hasta 1974, año en que la dictadura del General Bánzer empieza a afianzarse.

De regreso a Bolivia retoma su carrera militar, pero, al mismo tiempo, empieza a incursionar en una nueva actividad: el tráfico de cocaína. Debuta como enlace de altos jefes militares. A fines de 1975 se asocia con el Coronel Norberto «Bubby» Salomón (ex Jefe de la Casa Militar de Bánzer y, a la sazón, subsecretario de Aeronáutica) para instalar una empresa privada de transporte aéreo, con la que se dedican a la exportación directa de la droga. El negocio es tan redondo que, en cinco años, ya son dueños de ocho aviones, de los cuales cuatro a turbohélice.

Entretanto, el flamante coronel sigue escalando posiciones, siempre entre bastidores: en 1978 se desempeña como Ayudante del Comandante General del Ejército, se pliega al golpe del General Pereda y éste se lo lleva al Palacio de Gobierno como Jefe de la Casa Militar. De ahí pasa al Servicio de Inteligencia del Ejército (Departamento II del Estado Mayor), desde donde se pliega al golpe del Coronel Natusch, en noviembre de 1979. A la caída de éste, se atrinchera en la Jefatura del Departamento II y se dedica febrilmente a conspirar, en alianza con el General García Meza y bajo la dirección de la Misión Militar Argentina, para instaurar de una vez en Bolivia un verdadero régimen de terror. Tras el triunfo del golpe del 17 de julio de 1980, asume el Ministerio del Interior y se convierte, de hecho, en el «hombre fuerte» del nuevo gobierno.

A todas luces, el periodista norteamericano Mike Wallace, director del programa televisivo «Sesenta minutos», propinó, si no el tiro de gracia, al menos un golpe mortal al irresistible ascenso del coronel sin escrúpulos. ¿Qué pruebas aporta el documental «El Ministro de la Cocaína»? Su argumentación central se basa en los testimonios del senador Dennis De Concini, encargado de investigar las conexiones del régimen de García Meza-Arce Gómez con el narcotráfico internacional en el seno del Subcomité de Operaciones en el Exterior del Senado de los Estados Unidos.

Ya el 12 de agosto de 1980, es decir, cuando el régimen aún no había cumplido su primer mes, De Concini planteaba la nueva situación en estos términos: el régimen aparece públicamente caracterizado como «poco más que un apéndice de las organizaciones criminales que dominan el floreciente tráfico internacional de cocaína»; el ministro del Interior, «bajo cuya jurisdicción se halla la policía nacional, está conectado desde hace tiempo con los grandes narcotraficantes y ha sido acusado de utilizar su cargo para sabotear las esfuerzos por controlar el tráfico de drogas; aún más, según algunos informes, Arce Gómez encabeza su propia red de contrabando de cocaína», por tanto, se impone mantener la suspensión de la ayuda económica y militar de los Estados Unidos «hasta que ésta y otras cuestiones sean aclaradas».

El 9 de septiembre, De Concini informaba que, a pesar de que no podía revelar detalles por tratarse de material mayormente clasificado como «Top Secret», la información procesada hasta ese momento en el Subcomité ya permitía «confirmar la existencia de múltiples y amplios nexos entre la Junta y las organizaciones internacionales que trafican con narcóticos». Y, «si bien la información concerniente a muchas de mis preguntas específicas sobre individuos específicos es, por ahora, confidencial, es posible afirmar que la conexión con el narcotráfico alcanza hasta los más altos niveles del régimen boliviano».

En el reportaje «El Ministro de la Cocaína», De Concini ya no abriga dudas: «Considero que Arce Gómez tiene grandes problemas. El está dentro de la principal cadena de traficantes de cocaína del mundo y de Estados Unidos. Tenemos información de que él ha recibido dinero de otros narcotraficantes por transacciones en numerosas ocasiones y eso para mí está fehacientemente comprobado.»

¿Hay pruebas? Se sabe, por ejemplo, que la cocaína llega a Estados Unidos en taxis aéreos. El Coronel Arce Gómez es socio de una compañía de taxis aéreos con el Coronel Norberto Salomón, actual Agregado Militar de Bolivia en Caracas, Venezuela. «Uno de estos aviones cayó en un viaje a Trinidad con un exceso de 300 kilos. Se confirmó que este avión pertenecía a la flotilla de los Coroneles Arce Gómez y Salomón. Recientemente otro de sus aviones cayó en Venezuela con 800 kilos de cocaína.»

El 3 de julio de 1980, o sea, dos semanas antes del golpe, ocurrió otro accidente significativo. Según relata el semanario brasileño «Veja» en su edición del 8 de octubre del mismo año, un avión bimotor Piper-Azteca explotó sobre el Altiplano, cerca de Laja, a sólo 20 kilómetros de La Paz. Cuando la policía llegó al lugar (muchos campesinos hablan llegado antes), se encontró con los cadáveres de los tres pasajeros de la avioneta y, entre los restos de ésta, con maletas llenas de billetes de 50 y 100 dólares hasta la suma de dos millones. Todavía no habían salido de su estupefacción los humildes policías bolivianos, cuando apareció un helicóptero que se posó al lado de la avioneta. De él salió el mismo Coronel Arce Gómez, entonces Jefe de Inteligencia del Ejército, que con prepotencia arrancó de las manos de los policías el informe que estaban levantando y lo rompió ante sus ojos, metiéndose en su bolsillo los pedazos de papel. Acto seguido ordenó a los policías que regresen por donde habían venido y que mantengan el más absoluto silencio sobre el asunto. Por cierto, el bimotor siniestrado pertenecía a la empresa aérea del Coronel Arce.

El rasgo que más caracteriza a Arce Gómez es, sin duda, su comportamiento de matón, sus gestos de megalomanía, sus actitudes prepotentes. El ex Presidente David Padilla cuenta, en sus «Recuerdos» cómo el entonces Ayudante del Comandante del Ejército le contestó al interrogarle Padilla (entonces Comandante del 11 Cuerpo de Ejército) sobre qué había sucedido en una reunión del Alto Mando Militar donde se decidió anular los resultados fraudulentos de las elecciones de 1978: «Lo que aquí faltan son huevos, mi General», dijo Arce Gómez señalando las oficinas de su jefe («Decisiones y recuerdos de un General, página 109).

Arce Gómez se define a sí mismo como «hombre duro, que «en el peligro está en primera fila («Presencia», 27 de febrero de 1981). En realidad, Arce Gómez es un criminal, capaz de torturar y de asesinar a quien considere enemigo por el simple placer de hacerlo. Lo único que podría atenuar la definición anterior es el hecho de que, muy probablemente, se trate de un psicópata. La periodista británica Mary Hellen Spooner, del «Financial Times», que tuvo que humillarse ante él para salvar su vida, en agosto de 1980, revela que Arce Gómez «goza sexualmente cuando contempla cómo torturan a la gente».

Su odio criminal contra el pueblo, aunque enraizado en su mentalidad de militar y en su condición personal de casi un resentido social, se encendió con fuerza, posiblemente, al día siguiente del estrepitoso fracaso de la sangrienta aventura golpista del 1 al 15 de noviembre de 1979. Ese día, mientras el nuevo ministro del Interior, Jorge Selum, anunciaba a la prensa el desmantelamiento de los organismos de represión política, Arce Gómez tomó al asalto el edificio del Ministerio del Interior y se llevó todos los archivos a sus oficinas del Departamento II en el Cuartel General del Ejército. Días después repitió su «hazaña» en el Ministerio de Defensa. Acto seguido reclutó bajo su mando al Coronel Loayza, al inspector Benavides y a los demás torturadores de la policía política de la época del General Bánzer, se rodeó de «asesores» en represión del Ejército argentino y con ellos armó una banda terrorista de carácter paramilitar.

Esta máquina de destrucción se puso en marcha en marzo de 1980 con el secuestro y asesinato del sacerdote Luis Espinal, director del semanario «Aquí», tribuna de denuncia de la amenaza golpista. Sirviéndose de sus enormes ganancias por el tráfico de cocaína, Arce Gómez incorporó a las filas de su « ejército de paramilitares» a una vasta amalgama de delincuentes comunes, mercenarios extranjeros reclutados por su «maestro» BarbieAltmann, narcotraficantes, elementos antisociales y anticomunistas de convicción.

Uno de los casos más típicos es el de Fernando Monroy Munguía, alias «Mosca Monroy». Antiguo integrante de los grupos de choque de la ultraderechista Falange Socialista Boliviana (FSB), servía como agente provocador a sueldo del Ministerio del Interior hasta que, en 1979, fue inculpado públicamente por un asesinato político y encerrado en la cárcel de San Pedro. En vísperas del 17 de julio de 1980, Arce Gómez lo hizo sacar de la cárcel y lo puso a la cabeza de las bandas armadas que ese día asolaron la ciudad de La Paz, logrando capturar al enemigo que más odiaba el acomplejado coronel: Marcelo Quiroga Santa Cruz, brillante acusador de la barbarie militar. Quiroga fue asesinado ese mismo día en el Cuartel General del Ejército.

El 15 de enero de 1981, sabedor de que sus días como ministro todopoderoso ya estaban contados, el vengativo coronel se lanzó aún a otras fechorías: hizo rodear y tomar al asalto la casa donde se reunía la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), organización clandestina que se había destacado por sus constantes campañas de denuncia de la vinculación del régimen con el narcotráfico, y asesinar sin contemplaciones a cuantas personas se encontraban en ella. Una de las «paramilitares» que dirigió la matanza fue, precisamente, la más estrecha colaboradora de Arce Gómez, Rosario Poggi de Quesada.

En la personalidad de este nefasto personaje se combinan también, junto a lo macabro y su criminalidad rayana en lo paranoico, lo fantoche y lo cómico rayano en el cinismo. Entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre de 1980, el aún ministro del Interior protagonizó un espectáculo que le hizo el hazmerreír en todo el mundo. Se fue a los Estados Unidos dispuesto a lavar su «honor», puesto en entredicho por las cada vez más contundentes revelaciones de la gran prensa norteamericana acerca de sus vinculaciones con la mafia internacional del narcotráfico. Cual «nuevo Quijote» se fue dispuesto a todo, con tal de «enderezar entuertos». Creía que la opinión pública norteamericana le estaba esperando ansiosamente y que él se la podría embolsillar fácilmente.

Por supuesto, el «nuevo Quijote» se llevó a su «escudero», en este caso, al doctor Mario Rolón Anaya, amanuense de los sucesivos gobiernos militares, candidato a la Vicepresidencia de la República acompañando al ex dictador Bánzer y, poco después, efímero ministro de Relaciones Exteriores de García Meza. También se llevó una cohorte de «paramilitares», encabezados por el Fiscal del Distrito de Santa Cruz, Juan Carlos Camacho. La intención publicitada de Arce Gómez era la de entablar un juicio contra el diario «Washington Post», el semanario «Newsweek» y el senador De Concini «por difamación».

Pero el temperamental coronel se dio de bruces con la realidad. La prensa norteamericana apenas si le prestó atención; el único que lo hizo a fondo fue el periodista especializado Mike Wallace, quien le grabó una larga entrevista para su programa en la televisión y tres meses después lo denunció ante unos 60 millones de norteamericanos como «El Ministro de la Cocaína,>. Para encubrir su fracaso, Arce Gómez recurrió a los argumentos de un charlatán: «No vale la pena emprender ninguna acción judicial», ya que las acusaciones en su contra «se basaron en argumentos del castro-comunismo y del comunismo criollo». Asunto zanjado.

Pero antes de irse, el caprichoso coronel quiso visitar al ultraderechista senador Jesse Helms (el único defensor de García Meza en los Estados Unidos), a la neofascista «Legión Americana» y la tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Militar de Arlington. El Departamento de Estado le negó autorización. A pesar de lo cual, Luis Arce Gómez no tuvo reparos en romper las normas protocolares y militares de los Estados Unidos: invadió casi al asalto el recinto del cementerio, desobedeció la orden de «alto» dada por la guardia militar y tuvo que ser sacado a la fuerza mientras avanzaba escudado con su ofrenda floral. Más tarde se jactaría: «Ese es el espíritu del boliviano, que cumple lo que dice.»

Desde los Estados Unidos, Arce y su séquito se fueron a Brasil para «ajustar cuentas» con la revista «Veja». Pero los periodistas brasileños cerraron filas en torno a su ética profesional, declararon la visita de Arce «indeseable» y le negaron «autoridad moral para procesar a ningún periódico». La situación que creó Arce obligó al gobierno brasileño a tomar cartas en el asunto: sutilmente, el incómodo coronel fue invitado a abandonar el país. Para no volver antes de lo previsto a La Paz, Arce Gómez tuvo que refugiarse unos días en Paraguay, el único país de su vergonzoso periplo donde es recibido por funcionarios del gobierno. «Me siento como en mi propia casa», diría, con razón, el trasquilado coronel.

En mayo de 1982, Arce Gómez volvió a ser objeto de titulares de prensa sensacionalista: acusó al primer Embajador de los Estados Unidos en Bolivia tras casi dos años de suspensión de relaciones, Edwin Corr, de haberlo difamado y presentó querella penal contra él. En concreto, Arce Gómez emplazaba al Embajador a que demuestre con pruebas la afirmación que cuatro meses antes habría hecho de que varios jefes militares bolivianos deberían ser juzgados por estar sindicados de involucración en el narcotráfico, «como es el caso del Coronel Luis Arce Gómez». Sin embargo, ésta demostró ser una bravuconada más del coronel. A renglón seguido declaró a la prensa que «mi honor no se lava en los tribunales, se lava con sangre» («El Mundo», 19 de mayo de 1982).

Como siempre, todo quedaba en aguas de borrajas. Arce Gómez, al igual que Norberto Salomón, Ariel Coca o Rudy Landívar se limitarán a amenazar con acciones para demostrar su inocencia, pero no llevarán nunca sus denuncias hasta los estrados judiciales. ¡Es una forma hábil de ganar cierta cuota de credibilidad al menos por unos días!

Pero más allá de sus bravuconadas e incluso de su implicación en la mafia traficante de cocaína, lo que mantiene a Luis Arce Gómez como una figura peligrosa, siniestra y temible es el inmenso poder intimidatorio y criminal que ha acumulado a la cabeza de sus «paramilitares». Está claro que estas bandas terroristas no podrían conservar su poder incluso cuando Arce ya no es ministro, si éste no mantuviese el control de esa inagotable cantera de dólares que es el narcotráfico.

Arce no niega su liderazgo sobre las bandas «paramilitares» Al contrarió, se siente orgulloso de ello. Es su timbre de honor. Ellos son sus «camaradas», sus «muchachos», sus «fíeles colaboradores», sus «jóvenes idealistas». Cuando el ministro del Interior del General Torrelio aseguraba a la prensa que no existía ningún «cuerpo paramilitar» en el país, Arce Gómez le salió al paso para enrrostrarle que estaba mal informado: «¡Que salgan los anarquistas a comprobar si existen o no!»

Cuando, a raíz de la muerte del padre de Luis Arce, los «paramilitares» publicaron notas necrológicas en la prensa boliviana, en marzo de 1982, identificando al Coronel Luis Arce Gómez como el «indiscutible conductor y líder» de «el Grupo Armado de Lucha Bolivia Primero» y de la «Liga Mundial Anticomunista-Sección Bolivia», el interesado no sólo no trató de echar tierra sobre el asunto, sino que los justificó: «Son idealistas, nacionalistas (...). A los idealistas nadie puede destruirlos (...). Es gente que dice ser paramilitar y punto.» («Presencia», 14 de mayo de 1982.)

Desgraciadamente, el poder de Arce Gómez parece realmente difícil de destruir. Cuando, en febrero de 1981, tuvo que ser apresuradamente apartado del puesto de ministro del Interior con la vana esperanza de neutralizar el impacto del reportaje «El Ministro de la Cocaína» y de obtener por fin el tan esperado reconocimiento norteamericano del régimen de García Meza, éste tuvo que satisfacer la vanidad de su ambicioso socio compensándole con un cargo que «salvase su -dignidad». Así, Arce Gómez, que no había perdido su poder real como cabecilla de las bandas «paramilitares», resultó nombrado Director del Colegio Militar.

Sin embargo, este puesto difícilmente podía ser compatible con su trayectoria delictiva. A los pocos días, los alumnos se amotinaron contra él. Y es que Arce había querido convertir al Colegio Militar en escuela para la formación de sus «paramilitares». Arce Gómez llamó a sus huestes para aplastar el motín. Los cadetes que lo habían organizado tuvieron que buscar refugio diplomático para escapar a la venganza del ofendido coronel, pero consiguieron su objetivo: la destitución de Luis Arce Gómez. Para librarse por un tiempo de su conflictivo amigo, García Meza lo envió entonces de vacaciones a Taiwán.

En julio de 1982, Arce Gómez, sin cargo público alguno, volvió a hacer gala de su poder. Cuando su amigo y también Coronel Faustino Rico Toro (y su sucesor en la dirección del Colegio Militar) creyó venido el momento de volver a «salvar al país del caos y la anarquía» y se propuso públicamente como sucesor del General Celso Torrelio, Arce Gómez tomó partido abiertamente por Rico Toro: Torrelio ha fracasado en el manejo de los problemas económicos y «quien fracasa en ese orden, debe irse a su casa» y dejar el puesto a «otro hombre más ágil e inteligente que maneje bien el país,, («Presencia», 17 de julio de 1982).

Pero los cálculos de Rico Toro fallaron. Su ambición desmedida encontró la oposición de sus colegas y el eterno conspirador y pretendiente a «salvador de la Patria» tuvo que dejar paso a otro «duro»: el oscuro General Guido Vildoso Calderón. Pero no importaba quien hubiera desplazado a Torrelio: los amigos de Arce Gómez seguían controlando el poder. Al día siguiente de su nombramiento, el Presidente Vildoso recibió en el mismo Palacio de Gobierno la descarada visita de otro amigo suyo: el criminal de guerra nazi, prófugo de la justicia francesa y alemana, Klaus Barbie (a) Altmann. Días después, el amigo común de ambos, Luis Arce Gómez, era rehabilitado con su nombramiento como Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército.

4. Los «Narcócratas»

Uno de los casos que, como mayor dramatismo, revela la relación íntima que existe en Bolivia entre narcotráfico y poder es el de José Abraham Baptista.

Baptista había sido durante los gobiernos de Barrientos y de Bánzer Jefe del DIN (Dirección de Investigación Nacional) en Oruro y en Cochabamba. Era el hombre de confianza entre los mandos militares. Desde 1978 parte su relación con la mafia en la ciudad de Santa Cruz. Baptista se convierte en el testaferro del General Echeverría, a la sazón Comandante de la VIII División de Ejército, con asiento en esa ciudad. A la vez estrecha también sus lazos de amistad y de colaboración con el entonces, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Coronel Luis Arce Gómez,

Abraham Baptista se sentía la persona mejor respaldada entre la gente de la mafia: él era el contacto con los dos hombres de ejército que en ese momento aparecían como los más poderosos.

Luis Arce pidió a Baptista que colaborase con Willy Sandóval Motón, ex diputado de la UDP. Sandóval Motón había logrado misteriosas y estrechas relaciones con Arce Gómez, y éste le asignó un puesto clave: encargado de cobrar los impuestos que arbitrariamente se cargaban a los comerciantes y transportistas legales de la hoja de coca.

Esta Oficina, dirigida por Willy Sandóval, cobraba impuestos muy onerosos en la forma siguiente:

Por el traslado legal de la hoja de coca desde la Paz hasta Santa Cruz, cada transportista debía pagar 1.000 pesos bolivianos por cada tambor de coca. El tambor de coca pesa unos 30 kg. Quiere decir que un camión que transportase 10.000 kg. debería pagar en esa oficina 300.000 pesos. El dinero que ingresaba por este concepto se repartía de la siguiente manera:

El 40 % para el Coronel Luis Arce Gómez.
El 15 % para gastos reservados del Ministro del Interior (posiblemente para los grupos paramilitares).
El 10 % para el Director Administrativo del palacio de Gobierno (posiblemente para el General Luis García Meza).
El 10 % para Daniel Salamanca, Subsecretario del Ministerio del Interior.
El 10 % para Ernesto León, Subsecretario de Inmigración.>
El 5 % para Alberto Alvarez, Director Administrativo del Ministerio del Interior.
El 5 % para Carlos Castedo, Jefe de Recaudaciones del Ministerio del Interior.
El 5 % para la Oficina de Control de Substancias Peligrosas (posiblemente para Willy Sandóval Motón).

Según esto, quiere decir que por cada camión con 10.000 kilos de hoja de coca, Arce cobraba 5.000 dólares. García Meza 2.375 y los demás funcionarios sumas de 1.250 y de 625. Claro que la ganancia de los transportistas daba para eso y mucho más ya que la carga de coca que compraban en La Paz a unos 2.000 pesos la podían vender en Montero a los elaboradores de sulfato de cocaína hasta en 20.000 pesos y más.

Abraham Baptista estaba encargado de recoger el dinero de los narcotraficantes y entregarlo a los Jefes militares implicados en el golpe de García Meza, así como a los paramilitares a través del Coronel Luis Arce Gómez. Esta delicada misión la cumplió Baptista a la perfección.

Después del golpe del 17 de julio por el que tomó la Presidencia de Bolivia el General García Meza, Abraham Baptista, al frente de un grupo de paramilitares, confiscó 6 millones de dólares en efectivo de un avión colombiano que estaba camuflado en una pista clandestina en el Departamento de Santa Cruz. La enorme cantidad de dinero la trasladó inmediatamente a La Paz. Se reunió privadamente con García Meza. García Meza ordenó a Baptista que depositara 4 millones de dólares en la cuenta bancaria de su esposa Olma. Nada de extrañar sería que esos 4 millones de dólares fueron los que llevó a Suiza la señora Olma Cabrera de García Meza, según la denuncia formulada por la revista alemana «Der Spiegel» en fecha 5 de febrero de 1981. Claro que la prestigiosa revista alemana no habla de 4 millones de dólares, sino de 40 millones que habrían sido depositados por dicha señora en los bancos suizos.

El incidente produjo un grave distanciamiento entre Arce y Baptista ya que el grupo de narcotraficantes colombianos se quejaron de que su dinero había desaparecido y que Baptista era el único responsable. Los colombianos ofrecieron a Arce un millón de dólares para asegurarse de su protección. Arce hizo saber a Baptista que debía salir de la ciudad de La Paz y volver inmediatamente a Santa Cruz. Baptista tenía miedo a la venganza de los colombianos y, para defenderse, amenazó a Arce con hacer público el asunto. Baptista volvió a Santa Cruz muy a su pesar y trató de protegerse. El 6 de octubre, cuando salía de una pizzería céntrica de la ciudad de Santa Cruz fue tiroteado por dos individuos que portaban armas automáticas. Uno de los asesinos era José «Palanca» Cuellar y el vehículo que usaron había sido proporcionado por Roberto Suárez. Según los periodistas. Monique Lecerf y Francois Fallareau están directamente implicados en el crimen, además del Coronel Arce Gómez, Roberto Suárez y el General Hugo Echeverría, quien pagó la recompensa a los asesinos materiales.

Pocos días antes del golpe de 17 de Julio de 1980, José «Pepe» Paz, importante narcotraficante de la zona de Montero entregó al General Hugo Echeverría 800.000 dólares como constribución «espontánea» para comprar la conciencia de los Jefes militares indecisos. En efecto, en la propia casa del General Hugo Echeverría fueron «gratificados» con 50.000 dólares por cabeza los Comandantes de las Divisiones de Cochabamba y Oruro, así como el Comandante del Tarapacá. A la sazón estaba al frente de esta importante unidad motorizada el Coronel Arturo Doria Medina, que en febrero de 1981 será promovido ¡nada menos! que a Director General del Consejo de la Lucha contra el Narcotráfico. ¡Quizá la único que pueda avalar a Doria Medina para este delicado e importante cargo sea su enemistad personal con Luis Arce Gómez!

La relación que existe en Bolivia entre mafia y poder político-militar queda, de algún modo, patentizada en el acto de inauguración del aeropuerto particular que tiene en las afueras de Santa Cruz el prohombre («patricio», dicen los cruceños) Alfredo Pinto Landívar. Está situado dicho aeropuerto en el kilómetro 9 de la carretera Santa Cruz-Cochabamba. En realidad quien construyó ese moderno aeropuerto fue el amigo y socio de Roberto Suárez, Alfredo «Cutuchí» Gutiérrez. Le costó 2 millones de dólares, pero él se lo vendió por 3 millones a Pinto. Alfredo Pinto es el representantes de ventas de la Compañía norteamericana de aviación Beecheraft en Bolivia y dueño de varios aviones, así como del único helicóptero privado que existe en Santa Cruz. No es ningún secreto para los organismos internacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico que el aeropuerto de Pinto Landívar tiene, ante todo, finalidades delictivas relacionadas con el contrabando y muy particularmente con el narcotráfico.

Un avión de Pinto Landívar, cuyo número de serie proporcionado por la policía colombiana es CP 1639, fue decomisado por las autoridades de ese país cuando transportaba una millonaria carga de cocaína.

¡Pinto, al comprar el aeropuerto de Gutiérrez, quiso reinaugurarlo con una gran fiesta. Entre los invitados de honor estaban el Presidente de la República, General García Meza, el Comandante de la Fuerza Aérea, General Waldo Bernal y toda la plana mayor del gobierno y de los mandos militares!

El nombre de Waldo Bernal, amigo y gran protector y encubridor de Alfredo Pinto Landívar, saltó a los titulares de la prensa italiana a raíz de la misteriosa «compra de los Mirages franceses».

El General de Aviación Waldo Bernal Pereira en poco tiempo fue muchas cosas: Comandante en Jefe de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, Ministro de Aeronáutica, miembro de la Junta de Comandantes que durante un mes asumieron la Presidencia de la Nación. Desempeñó los tres cargos a la vez.

Aunque el país afronta una verdadera bancarrota, Bernal negociaba con franceses y soviéticos la adquisición para Bolivia de aviones supersónicos. Nadie podía adivinar cuál sería la fuente de financiamiento, aunque todos la sospechaban. La alternativa de elección se presentó como impostergable: había que elegir entre los Mirage SU-19 y los MIG-23. Los Mirage tenían las de ganar. ¡Los aviones rusos podrían traer graves problemas ideológicos entre sus alas! La casa Dassault de Francia presentó una oferta concreta. En el prospecto impreso por dicha firma ¡sin duda, por galantería hacia los militares bolivianos! aparecía el desierto de Atacama y la costa marítima arrebatada por Chile a Bolivia, como parte de Bolivia. La carta de intenciones de Bolivia presentaba propuestas concretas para comprar 11 Mirage SU-19, con sus respectivos repuestos y un completo programa de entrenamiento. El costo total alcanzaba a la friolera de 250 millones de dólares... ¡O sea, todo el presupuesto de defensa de Bolivia multiplicado por cinco! Las ilusiones militaristas del General Bernal se vinieron abajo cuando la prensa internacional asoció esta compra millonaria con la única fuente de financiamiento con que podía contar el general boliviano: la cocaína.

Según la revista norteamericana «Newsweek», en su edición del 9 de febrero de 198 1, uno de los hombres que tiene más poder dentro de los negocios de la cocaína es el Coronel Faustino Rico Toro, Ministro del Interior en la Presidencia del General Pereda y Jefe del Servicio de Inteligencia hasta febrero de 1981 bajo la Presidencia del General García Meza. También la revista «Marka», de Lima, sindica a Rico Toro como miembro de la dirección de un importante grupo de narcotraficantes (5-III-81).

En Carcaje, población rural cercana a la ciudad de Cochabamba, la policía encontró una fábrica procesadora de cocaína. En ella operaban tres norteamericanos y cinco bolivianos. Los cocaineros trataron de ofrecer resistencia armada. La policía abrió fuego contra ellos y cayó muerto uno de los norteamericanos que era ex paracaidista de la guerra del Vietnam. Los demás fueron tomados presos. El gobierno trató de ocultar la identidad de los detenidos, pero sí pudo saberse que el grupo contaba con la protección del Coronel Faustino Rico Toro.

La conexión de Rico Toro con Arce Gómez es de todos conocida en Bolivia. Cuando Arce tuvo que dejar el puesto clave de Jefe de Servicio de Inteligencia del Ejército no encontró mejor reemplazante que el Coronel Rico Toro. Arce desde el Ministerio del Interior y Rico Toro desde el Servicio de Inteligencia coordinaron perfectamente las acciones para la represión política, por un lado, y para la protección del narcotráfico, por otro.

Cuando el General García Meza tenga que distribuir «bonos de lealtad» (dinero aportado por los narcotraficantes) el hombre que recibe una cuota más alta es el Coronel Rico Toro.

Al frente de su grupo militar denominado «Aguilas Negras» ha constituido una amenaza permanente de un nuevo golpe de Estado.

En cuanto a la participación del General Luis García Meza en el narcotráfico los testimonios son numerosos. Sin embargo, su relación con el narcotráfico ha sido distinta a la de Arce Gómez, Ariel Coca o Hugo Echeverría. García Meza se ha limitado a tolerar, a dejar el problema «en las manos de los especialistas» y a recibir pingües dividendos.

Según el rotativo «El Día», de Montevideo, García Meza recibió del Rev. Moon, a través del segundo hombre en su movimiento «Unificacionista», el Coronel surcoreano Bo Hi Pak, la cantidad de 5 millones de dólares. El periódico de Montevideo publica la foto de la entrevista («El Día» 3-IX-1981).

El día 10 de junio de 1981, el Presidente García Meza firmaba una carta gravemente comprometedora para él y para todos los altos Jefes militares a los cuales se hace referencia en dicho documento. Poseemos una fotocopia de dicha carta, avalada por el sello de la Presidencia de la República y por la firma del propio Presidente. Ella demuestra hasta qué grado de corrupción y de obsecuencia ha llegado la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Transcribimos literalmente el documento.

Presidencia de la República

La Paz, 10 de junio de 1981

Sr. General de Brigada,

D. Celso Torrelio Villa

Ministro del Interior, Justicia e Inmigración

Presente

Señor Ministro:

De los fondos destinados para la seguridad política de la nación, se servirá entregar a los señores Generales, Jefes y oficiales de la relación adjunta y en las cantidades indicadas, como premio a la lealtad demostrada al Gobierno de la Reconstrucción Nacional y a las Fuerzas Armadas, una copia de los recibos firmados agradeceré entregar al señor Capitán Gonzalo Ovando Méndez.General de Brigada Carlos Turdera Villa, Coronel Tito Justiniano, Teniente Coronel Alberto Gribosky, Teniente Coronel Arturo Doria Medina, Teniente Coronel Jorge Moreira Rojas, Teniente Coronel Luis Cordero M., Coronel Rómulo Mercado G., Coronel Luis Kuramoto, Coronel José Quiraz Antequera, Teniente Coronel Rolando Arzabe Claver, Teniente Coronel Miguel Padilla Candia, Teniente Coronel Oscar Angulo Tornee, Coronel Guido Vildoso C., Capitán Luis Cossío Viruez, a cada uno la suma de 100.000 dólares americanos. Coronel Faustino Rico Toro Herbás y Coronel Carlos Rodrigo Lea Plaza a 200.000 dólares americanos cada uno.

Coronel Tito Justiniano, Coronel Aroldo Pinto, Teniente Coronel Raúl González Ferry, Coronel Yamir Taja Kruber, Teniente Coronel Walter Salame e., Teniente Coronel, Moisés Shirique Bejerano y Teniente Coronel Javier Rodríguez Rivero, a cada uno con 50.000 dólares americanos.

Al capitán Roberto Nielsen Reyes con la suma de 30.000 dólares americanos.

Con este motivo saludo al señor Ministro con mis atentas consideraciones.

Firma

GRAL. DIV. LUIS GRACIA MEZA TEJADA

Presidente de la República de Bolivia

Impacta, hasta la indignación, el que en un país tan pobre como Bolivia, donde el analfabetismo alcanza cotas de casi un 60 % de la población, que entre unos señores generales y coroneles se puedan repartir un dinero que, según el documento, pertenece al pueblo de Bolivia, y que en su totalidad alcanza a la nada despreciable suma de 2.180.000 dólares, con los que se hubieran podido construir 40 escuelas.

Pero, evidentemente, esos «bonos de lealtad» no tienen ninguna relación con el cumplimiento del deber, ni son parte del presupuesto estatal. Su origen no es otro que el narcotráfico.

Es sintomático el que no se pague «la lealtad» de los más «leales» como la del Coronel Luis Arce Gómez, del Coronel Ariel Coca, del General Echeverría, del General Waldo Bernal, del Coronel Fredy Quiroga... En realidad, de lo que se trata, más que de premiar «la lealtad», es de comprar esa «lealtad». Y, evidentemente, la más cara es la de los dos eternos golpistas: Faustino Rico Toro y Rodrigo Lea Plaza.

La incorrección en la redacción, las faltas de ortografía y la repetición de un nombre (Coronel Tito Justiniano), prueban que la carta no pasó por el sistema administrativo regular.

Otra novedad de esta carta es que ella mancha la honorabilidad (si es que de «honorabilidad» se puede hablar en este caso) de tres Presidentes de la República y vincula directamente con la corrupción del narcotráfico a Doria Medina, Cossío Viruez y a González Ferry, quienes serán, meses después, los directores responsables de la institución oficial para el control del narcotráfico.

5. Los «Padrinos»

Roberto Suárez es en la actualidad un millonario intocable. El es el principal narcotraficante de sulfato de cocaína en Bolivia y en el mundo. Es «El Padrino» por antonomasia.

Roberto Suárez, natural de Santa Ana de Yacuma, una pequeña población ganadera del Departamento del Beni, es descendiente de una familia con aires de aristocracia provinciana. Entre sus antecesores se encuentran ministros, magistrados y gente influyente. Uno de ellos fue el primer embajador de Bolivia en Gran Bretaña.

Roberto Suárez es distinguido. No tiene las características de un matón, ni las actitudes de un «gangster», o de un «capo de la mafia».

Cuenta 49 años y pudo llegar a afirmar, en cierta ocasión, que el dinero que él habla entregado a los militares alcanzaría para pagar la deuda externa del país. «Pero ellos -añade Suárez-, en vez de invertirlo en el país han preferido depositarlo en los Bancos del extranjero.» («International Herald Tribune», 18-VIII-82.) ¡Sin embargo, es voz común que la propia fortuna de Suárez está bien guardada en los Bancos de Suiza!

Santa Ana de Yacuma tiene sus razones para estar agradecida a Roberto Suárez. Esa perdida población de las llanuras benianas se ha visto favorecida con las migajas que caen de la mesa del omnipotente padrino. Y esas migajas, a veces, suponen miles de dólares. Por ejemplo, los pilotos de las pequeñas avionetas que transportan la pasta básica de cocaína hasta los aeropuertos clandestino de Colombia reciben, por cada viaje, la suma de 100.000 dólares. Suárez es el «papito» para los humildes moradores de Santa Ana: él da comida a los pobres, restaura las iglesias, dona máquinas de coser a las mujeres del pueblo, pavimenta las calles... Pero para los agentes de los principales organismos internacionales que luchan contra el narcotráfico Roberto Suárez es un hombre peligroso, posiblemente el traficante de cocaína más rico y más poderoso del mundo. La justicia de los Estados Unidos ha demandado su captura, junto con la de su hijo Roberto, Alfredo Gutiérrez, Marcelo Ibáñez y Renato Roca. En realidad, los cinco no son más que una misma cosa, son «la familia», el «clan» de Roberto Suárez Gómez.

La Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos, con sede en Miami, le ha acusado de «conspiración para importar cocaína» e «implicación en la actual importación». Estos cargos le podrían costar 30 años de cárcel. Dos de sus «socios», Alfredo Gutiérrez y Marcelo Ibáñez, ya están pagando la pena en Estados Unidos al ser entregados, sin trámite de extradicción, por el gobierno boliviano. Su hijo Roberto cayó en manos de la policía suiza que le acusa, entre otras cosas, de haber entrado a ese país con un pasaporte falso. Pero «el Capo» sigue moviéndose libremente en Bolivia. En ese país no hay ninguna orden de captura contra él, ni la puede haber, a no ser que cambien muchos las cosas.

Sus «socios», presos en Miami, habrían declarado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia fotocopiaban y le pasaban a él todos los informes sobre la investigación en el narcotráfico elaborado por los agentes de DEA en La Paz.

Es evidente que las implicaciones directas de los últimos gobiernos militares en el narcotráfico ha sido la razón más importante para que los Estados Unidos demorasen el reconocimiento y para que les suspendiera toda la ayuda económica y el trámite de los créditos financieros.

Los índices de producción de pasta no han cambiado últimamente. Donde ha habido cambio ha sido en las áreas geográficas de la elaboración. Desde el Departamento de Santa Cruz, las fábricas de elaboración se han ido desplazando hasta el Beni, donde, tanto Roberto Suárez como Arce Gómez tienen haciendas, denominadas «Rancho Alegre», «Montes Claros» y «Camiare» (esta última propiedad de «Chamaco» Chávez). Los aviones que se usan en la actualidad Llegan a tener de 5 a 6 horas de autonomía de vuelo. Los vuelos parten, generalmente, al amanecer directamente hasta las pistas clandestinas en las proximidades de Leticia (Colombia) o Mahaus (Brasil). Al mediodía pueden llegar hasta el lugar de destino, donde, una vez realizada la transacción, se reabastecen de combustible y reemprenden el vuelo de retorno hasta el Beni para llegar poco antes de anochecer. Este tráfico tiene un elevado grado de organización y eficiencia, ya que está coordinado entre norteamericanos, colombianos y bolivianos.

Según el «International Herald Tribune» y otras diversas fuentes, el día 26 de febrero de 1981 (un día después de haber sido removido de su cargo de ministro del Interior), el Coronel Luis Arce Gómez se trasladó a Santa Cruz y en la mansión de la señora Sonia Atalá (esposa de «Pachi» conocido automovilista) se llevó a cabo una importante reunión con los principales narcotraficantes. El Coronel Arce Gómez, que acababa de perder su condición de «hombre fuerte» del régimen de García Meza, traía para ellos un mensaje del Presidente de la República. El gobierno habla decidido actuar contra algunos narcotraficantes en el Departamento de Santa Cruz para mostrar una nueva política frente al gobierno de Estados Unidos. García Meza urgía a los principales narcotraficantes para que trasladasen sus centros de operaciones hasta el Departamento del Beni, a Tarija y al Altiplano. Arce pidió medio millón de dólares para recabar la protección del gobierno, garantizándoles sus operaciones en Bolivia y los vuelos hacia Colombia y Brasil. Roberto Suárez comenzó a trasladar sus fábricas, sus aviones y su gente hasta el Beni.

A pesar de que los operativos en contra de los pequeños narcotraficantes de Santa Cruz no tocaron los grandes intereses relacionados con la cocaína, sí se produjo un corte en el abastecimiento de la hoja de coca y esto afectó a todos. Tan es así que Roberto Suárez se vio obligado a hacer una tentadora oferta al General García Meza: le prometió 50 millones de dólares si ponía fin al «operativo Santa Cruz», y, en efecto, el 19 de mayo de 1981 terminaba bruscamente la acción represiva en contra del pequeño narcotráfico cruceño.

Según el testimonio de Hugo Suárez Gómez, de 56 años y hermano de Roberto, recogido por el periodista Warren Hoge del «New York Times», éste había malgastado la herencia en malos negocios y en la campaña electoral a favor del General Pereda Asbún en 1978. «A mi hermano -dice Hugo- también le gusta 'la dolce vita'. Las tendencias filantrópicas que tiene son una tradición en nuestra familia... Hemos discutido con él y le hemos presionado para que se aleje de las actividades del narcotráfico y nos prometió que lo iba a dejar.» Hugo añade: «El día en que haya respeto a la ley en Bolivia él mismo se presentará ante la Corte. La familia tiene fe en él porque pensamos que no está implicado en actos de violencia. Si así fuera le daríamos la espalda.»

Sin embargo (y aunque su hermano Hugo no lo sepa), Roberto es quien mantiene a todo un ejército de civiles armados llamados paramilitares que han asesinado a muchas personas y que tienen como instructores a verdaderos criminales de guerra.

Según el periodista Mike Wallace, Roberto Suárez ya había sido apresado en los Estados Unidos el año 1976, cuando iniciaba «su carrera» de narcotraficante. (Programa «60 Minutos».)

DEA calcula que «el grupo Suárez» produce 1.000 kilos de pasta básica por mes (o sea, el valor de 5 a 9 millones de dólares por mes). Un kilo de pasta básica oscila entre 5.000 y 9.000 dólares. Un pequeño avión transporta alrededor de 500 kilos. Quiere decir que traslada, por viaje, hasta cuatro millones y medio de dólares.

El golpe más grave que sufrió Roberto Suárez fue cuando, el 23 de enero de 1982, cayeron presos en Locarno (Suiza) su esposa y sus hijos Roberto y Gary. La señora Suárez y Gary fueron puestos en libertad después de los interrogatorios de rigor, pero Roberto quedó arrestado. El escuadrón antidroga de Locarno dijo que Roberto manejaba un pasaporte falso y que se creía que estaba preparando una transferencia de grandes sumas de dinero de origen sospechoso. También declararon que Roberto (hijo) estaba buscado por la Interpol a raíz de investigaciones iniciadas en Estados Unidos en torno al tráfico de cocaína entre Bolivia y ese país. Suárez (padre) ha iniciado la contraofensiva pagando a los mejores abogados para que logren que su hijo no sea entregado a la justicia de los Estados Unidos (⁽¹⁾).

A raíz de este hecho se preguntó a las autoridades bolivianas si iban a iniciar alguna acción judicial en contra de Roberto Suárez. Contestaron textualmente: «No existiendo contra él acusación formal, ni el gobierno ni la justicia intentarán acción alguna» («International Herald Tribune», Warren Hoge, 18-VIII-82; «Presencia», 23-I-82).

Sin embargo, las pruebas en contra de Roberto Suárez Gómez son categóricas y el modo como se llegó a obtenerlas es digno de una película de ciencia-ficción.

El novelesco episodio comenzó a desarrollarse el 23 de mayo de 1980. El «The Miami Herald» del 14 de octubre de 1981 ofrece la versión más detallada, recogida de los labios de los propios protagonistas.

La Oficina para el Control de la Droga en los Estados Unidos, más conocida con la sigla de DEA, trató con habilidad de introducir a sus agentes como si fueran miembros de la mafia y para ello creó una verdadera «estructura». Para que sus agentes pudieran aparecer como «mafiosos de verdad» dispusieron de un plan en el que se incluía un avión, tres pilotos, un laboratorio para el procesamiento de pasta de coca, un lote de grabaciones, ¡además de 9 millones de dólares en efectivo!

El plan comenzó a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, en la primavera de 1980. El agente de DEA, Mike Levine, ocultando su real personalidad de agente federal, fue presentado a Marcelo Ibáñez, que era el contacto de Roberto Suárez Gómez.

Levine comunicó a Ibáñez que él era miembro de una organización norteamericana de la mafia que quería ingresar a los negocios de la cocaína.

Cuando Ibáñez se comunicó con Roberto Suárez, éste recibió la noticia con agrado, pues ya estaba cansado de tener problemas con los compradores colombianos.

Levine inquirió sobre el volumen de pasta capaz de suministrar, obteniendo la respuesta: «mil kilos al mes.

Las relaciones se fueron haciendo más estrechas y Levine invitó a Suárez y a Ibáñez para que hicieran un viaje a Florida del Sur y así conocer las instalaciones «de la mafia» y ver su «laboratorio» donde sería procesada la cocaína. Quería también Levine presentarles a otros miembros «de la familia» y mostrarles sus reales posibilidades económicas. ¡Allí estaban los 9 millones de dólares en efectivo, casi ya a su disposición!

Suárez contestó que aceptaba la invitación, pero que, por el momento, sólo viajaría Ibáñez.

Richard Fiano, «uno de los principales miembros de la familia», alquiló una cómoda mansión en la avenida East Lake número 1.410, cerca del hotel Fort Landerdale y se encargó además de proporcionarle un automóvil nuevo Lincoln Continental.

Fiano y otros agentes recorrieron las tiendas buscando la música más agradable y las mejores bebidas para el boliviano. Hasta le asignaron dos guardaespaldas por si podía surgir algún inconveniente.

Los agentes habían construido un supuesto laboratorio para el proceso de la cocaína en una barraca de Weast Broward. Una muestra de fino producto, con 97% de pureza, fue colocada a la vista en el caso de que el boliviano quisiera hacer los ensayos respectivos.

Seguidamente el agente Fiano fue al Banco Federal de Reserva de Miami con un cheque del Tesoro de Estados Unidos por valor de 9 millones de dólares, el montón más elevado girado en la historia de la represión de la droga. El dinero fue empacado en tres maletines y transportado por un convoy armado hasta el Banco Kandall.

Ibáñez llegó a Miami el 15 de mayo de 1980. El agente Levine le presentó a Fiano como si fuera «su hijo». Una agente de DEA desempeñó el papel de mujer de Levine. Otros agentes actuaban como miembros de la «familia».

Ibáñez quedó tan bien impresionado que llamó apresuradamente a Santa Cruz para darle la buena noticia a Roberto Suárez: «Los 'mafiosos' aceptaban comprar 500 kilos pagando por cada uno 16.000 dólares.»

Al día siguiente, 16 de mayo, Fiano y tres pilotos, juntamente con Ibáñez, despegaban de una «pista clandestina» de Florida rumbo a Bolivia. Su aparato era un Convair 440.

Hicieron las escalas necesarias sin ningún inconveniente. Cuando el Convair aterrizó en las cercanías del lago Roguaguado (Departamento de Santa Cruz) allí estaba esperándoles el hijo de Suárez, Roberto Suárez Levy.

A Miami había viajado dos días antes Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez a quien Ibáñez había puesto en contacto con Levine. El sería el encargado de cobrar los 9 millones de dólares. Levine condujo a Gutiérrez hasta el Banco Kendall para que comprobase que allí estaba el dinero de la operación. Gutiérrez, una vez comprobado, llamó por teléfono a Suárez, para informarle que todo estaba listo y que se podía proceder a cargar la pasta en el avión. Cuando casi todas las bolsas estaban cargadas en el avión, los agentes disfrazados simularon que había que despegar urgentemente. En realidad juzgaban que los 500 kilos era una carga excesiva para el Covair. Despegó con dificultad llevando exactamente 854 libras contenidas en 34 bolsas.

Una vez en el aire, Fiano llamó por radio a Miami y dijo a su «padre» que ya podía entregar el dinero al boliviano. Para cobrarlo no se presentó sólo Alfredo Gutiérrez. Lo acompañaba otro «pez gordo» del narcotráfico, Roberto Gasser Terrazas. Llevaban sendas maletas cuando se presentaron en la puerta del Banco Kendall. Les recibió «un empleado del Banco» a quien ya conocían. Su nombre era John Lawier. No sospechaban, sin embargo, que también él era un agente de DEA. Les condujo a los dos hasta los sótanos del Banco donde él y Levine los arrestaron y maniataron en un abrir y cerrar de ojos.

El Convair llegó a Miami con el tren de aterrizaje averiado, pero traía la mayor carga de pasta básica de cocaína jamás confiscada.

En marzo de 1982 dos agentes de DEA fueron enviados a Bolivia para colaborar en la campaña antidroga. Más tarde DEA envió un equipo especial de adiestramiento compuesto por 45 agentes, 30 de los cuales desertaron porque consideraron que el trabajo en Bolivia era sumamente riesgoso.

Fiano y otros agentes que tomaron parte en el gran operativo son muy escépticos. Estados Unidos no tiene convenio de extradicción con Bolivia, de ahí que los cargos contra Gasser quedaron sin efecto. Pudo obtener su libertad pagando una fianza de un millón de dólares. Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez logró que el Juez Alcee Hasting le disminuyera su fianza de 3 millones de dólares hasta un millón. El millón de dólares lo pudo hacer efectivo firmando en el acto dos cheque de medio millón cada uno. El juez le dio la libertad provisional, pero Gutiérrez se fugó de los Estados Unidos hasta Bolivia. El es un experto aviador. Fue justamente él quien trajo clandestinamente a Bánzer desde Paraguay para que encabezara el golpe de 1971 contra Torres.

Después de trece meses, Gutiérrez tuvo que volver de nuevo a Miami. Pero esta vez no era para hacer negociados. Venía acompañado de dos oficiales bolivianos que lo entregaron a las autoridades judiciales norteamericanas. El pagaba en su persona, no sólo sus propios delitos, sino también la obsecuencia del gobierno militar boliviano ante las exigencias de Washington. («The Herald Miami», 16-V-1981.)

Aunque alejados todavía del poder económico y político de Roberto Suárez, el segundo puesto en el «ranking» del narcotráfico les corresponde, sin duda, a los hermanos Widen y Miguel Razuk, de ascendencia siriolibanesa, muy amigos del General Bánzer y protegidos del Coronel Faustino Rico Toro.

Miguel fue arrestado en Miami en el mes de junio de 1980 al intentar cambiar un cheque por valor de 3 millones de dólares que había sido girado desde Santa Cruz como pago por entrega de cocaína.

Widen fue Prefecto del Departamento de Santa Cruz bajo la Presidencia del General Bánzer y es conocido por sus exabruptos temperamentales, así como por su vinculación directa con grupos paramilitares. Su fábrica principal de sulfato de cocaína la tiene en la hacienda «La Persevarancia» (Norte de Santa Cruz). Otra de sus fábricas está en las cercanías de San Javier y se denomina «Verdún». Razuk ha construido una pista de aterrizaje en Sorotocó. Esta pista está celosamente custodiada por paramilitares armados entre los cuales se encuentran algunos alemanes mercenarios y quince bolivianos «La Perseverancia» produce 30 kilos diarios de pasta.

Tiene perfectamente montada la red clandestina. Su estrecha amistad con el Presidente Stroessner le ha abierto las puertas del Paraguay para exportar la droga desde ese país hasta Europa y el Medio Oriente, donde tiene muy buenos contactos. Sirviéndose de camiones cisternas que aparentemente transportan gasolina, ha logrado internar al Paraguay, no sólo pasta básica, sino también grandes cantidades de hoja de coca.

Conviene también hacer resaltar la importancia del matrimonio Pachi y Sonia Atalá. Sus relaciones con el Coronel Arce Gómez, con el General Hugo Echeverría y con el General García Meza han sido siempre muy estrechas. En su casa se han realizado las más importantes reuniones para coordinar las acciones ilícitas del narcotráfico.

Sonia fue tomada presa en La Paz en la presidencia de la señora Lidia Gueiler. Se la encarceló en la prisión de mujeres, en Obrajes. Pero muy poco duró su encierro. Sus importantes amigos lograron inmediatamente un certificado médico por medio del cual el juez accedió, sin mayores problemas, a que fuera trasladada a una clínica desde donde la hicieron fugarse con la mayor facilidad. Sigue existiendo una orden de captura en contra de ella, pero, por el momento, no sólo se siente totalmente libre, sino que ha incentivado aún más sus actividades delictivas.

Sonia y Pachi Atalá no quieren trabajar en la venta de pasta básica a los colombianos. Prefieren obtener directamente clorhidrato cristalizado, o sea cocaína pura y exportarla ellos directamente hasta Panamá y a Estados Unidos.

Los treinta principales narcotraficantes de Bolivia
1 . Roberto Suárez Gómez	Catalogado por DEA como el número 1 de los narcotraficantes de cocaína.
2. Roberto Suárez Levy	Hijo y principal colaborador del anterior. Preso en Suiza.
3. Alfredo «Cutuchi» Gutiérrez	Socio de Suárez. Preso en Estados Unidos.
4. Marcelo Ibáñez	Enlace de Suárez con los narcotraficantes colombianos. Preso en Estados Unidos.
5. Renato Suárez	Sobrino y socio de Suárez.
6. Coronel Luis Arce Gómez	Primo de Suárez. Propietario de una compañía aérea compuesta por 12 aviones, dedicados principalmente al narcotráfico. Propietario de las principales fábricas de cristalización de la cocaína en San Ramón y en San Borra.
7. Coronel Norberto «Buby» Salomón	Socio de Arce en la compañía aérea.
8. Widen Razuk	Fábricas de sulfato de cocaína en sus haciendas « Perseverancia» (S. C.) y«Verdún» (San Javier). Exporta directamente desde su pista de «Sorotocó» a los mercados de Europa y Oriente Medio a través de la conexión paraguaya.
9. Miguel Razuk	Hermano y socio del anterior. Fue apresado en Miami.
10. José «Pepe» Paz Hurtado	Gran productor de sulfato de cocaína en la zona de Montero. Conexión con el Coronel Arce Gómez y con el General Echeverría.
11. Alex Pacheco	Exporta sulfato de cocaína directamente a Colombia desde la pista de Madidi (Norte del Dep. de La Paz).
12. José Roberto Gasser	Hijo de Edwin Gasser, dueño del ingenio azucarero «La Bélgica». Tanto el padre como el hijo son socios de Roberto Suárez.
13. Sonia y Pachi Atalá	Productores directos de clorhidrato de cocaína (cocaína pura). Exportan a Estados Unidos a través de Arce Gómez.
14. Roger Aponte	Antiguo contable de Suárez. En la actualidad exporta directamente desde su aeropuerto a la altura del km 13de la carretera Santa Cruz-Cocha bamba.
15. Hugo Chávez López.	Posee sus fábricas en la zona de San Ramón.
16. Lina Badani de Malki	Del grupo de Arce Gómez. Contacto con los grupos colombianos.
17. Alfredo Pinto Landívar	Posee el mejor aeropuerto privado además de ser dueño del hangar 7 en el aeropuerto El Trompillo de la ciudad de Santa Cruz. Protegido del General Waldo Bernal.
18. Pedro Sorocho	Yerno y protegido del Coronel Ariel Coca.
19. Osman Yáñez	Es Mayor de Carabineros. Tiene producción propia y exporta a Leticia (Colombia) desde el aeropuerto de Bella Unión.
20. Oscar Roca	Primo y socio del anterior.
21. Guillermo Bánzer Ojopi	Contacto con los narcotraficantes de Miami. Preso.
22. Coronel Juan Fernández Vizcarra	Opera en Apolo (Dep. de La Paz). Protegido del Coronel David Fernández, primo de él.
23. Jorge Nallar.	Productor de sulfato de cocaína en el Norte de Santa Cruz. Protegido del General Juan Pereda Asbún.
24. Amado Nallar	Hermano y socio del anterior.
25. Pedro Bleyer	Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz.
26. Francisco «Paco» González	Socio de Suárez.
27. Coronel José Camacho	Contacto con los grupos colombianos.
28. Oscar Aldunate	Vendedor de droga decomisada.
29. Lorgia Roca	Productora de sulfato de cocaína.
30. Erland Echevarria Barrancos	Fue socio de Abraham Baptista. Contacto directo con la mafia de Miami.

Nota: 1. A principios de septiembre de 1982, Roberto Suárez Gómez salió a la luz pública con una carta abierta al Presidente de los Estados Unidos para denunciar que su hijo Roberto Suárez Levi, de 22 años, había sido «secuestrado» de la prisión de Lugano (Suiza) por agentes del gobierno norteamericano y trasladado a una prisión de Miami (Estados Unidos) «sin haber esperado la finalización de los trámites internacionales de extradición». Suárez atribuye la persecución de que es objeto por parte de la DEA norteamericana a «la necesidad de justificar ciertos hechos que desembocan en hegemonías internacionales» y, tras amenazar con revelaciones públicas acerca de la corrupción de la DEA, ofrece entregarse a la justicia norteamericana a cambio de la libertad incondicional de su hijo y... ¡de la cancelación, por parte del gobierno norteamericano, de la deuda externa de Bolivia!

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